La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias informó ayer, en un comunicado, de que un total de 1.022 familias canarias, adjudicatarias de una vivienda de promoción pública (VPO) en régimen de alquiler, consiguieron durante el año pasado firmar las escrituras de su vivienda con lo que se convirtieron en propietarias a través de las diferentes ofertas realizadas por el Ejecutivo regional.

La responsable autonómica del área de Vivienda, Inés Rojas, considera que este proceso de formalización de la propiedad a los inquilinos de viviendas sociales constituye "un paso más" en la política emprendida por su departamento para impulsar el acceso "a una vivienda digna en propiedad a las familias económicamente más desfavorecidas".

La normativa canaria, añadió la consejera, para facilitar el acceso a la propiedad es una política social única en todo el Estado y que ofrece unas condiciones excelentes".

La mayoría de estas familias recibieron del Gobierno canario una subvención equivalente al 50 por ciento del precio, lo que supone que pudieron optar a la compra por un precio medio que ronda entre los 7.000 y 9.000 euros por una vivienda de tres dormitorios.

La consejería explicó en su nota que, de este precio, se les descuentan las mensualidades que sus antiguos inquilinos abonaron durante el tiempo que han sido adjudicatarios de la vivienda en alquiler y, además, se les dieron facilidades de pago aplazado que van de los 5 hasta los 25 años.

Más beneficiarios

En el caso de la provincia de las Palmas, la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda entregó el título de propiedad a un total de 564 familias que habitaban en distintas promociones de la provincia de Las Palmas, alrededor del 50 por ciento residentes en el barrio de Las Remudas, y 458 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Con la ampliación de plazos, hasta el 4 de mayo de 2010, que contemplaba el decreto que regula el nuevo Plan de Vivienda de Canarias, un mayor número de familias, inquilinas de determinados grupos de viviendas sociales del Gobierno en régimen de alquiler, pudieron solicitar el año pasado entrar en este proceso de formalización de la propiedad.

Canarias, asegura Rojas, es de las "pocas" comunidades que construye de forma directa viviendas destinadas a las personas con menos recursos económicos y mayor dificultad social.