Canarias atiende a 0,38 personas dependientes por cada 100 habitantes, una cifra que la coloca casi un punto por debajo de la media nacional, situada en 1,34.

El Archipiélago se sitúa como la comunidad con menor número de personas dependientes atendidas, por detrás de Baleares, la Comunidad Valencia y Madrid.

Mientras que Cantabria es la comunidad con mayor porcentaje de personas dependientes atendidas por cada 100 habitantes.

En concreto, en octubre de 2010 en esa región había 2,31 personas atendidas por cada 100. Por detrás de Cantabria, las comunidades con más personas atendidas por cada cien habitantes en el marco de la ley son La Rioja (2,29) y Andalucía (2,09).

A continuación se sitúan, además de Castilla-La Mancha, Aragón (1,79), Castilla y León (1,79), País Vasco (1,59), Extremadura (1,49), Murcia (1,49) y Cataluña (1,46).

Por debajo de la media se quedan Navarra (1,25), Asturias (1,18), Galicia (1,1), Ceuta y Melilla (1,09), Baleares (0,82), Comunidad Valenciana (0,71), Madrid (0,63), y Canarias (0,38).

El Observatorio de la Dependencia, en su VI dictamen, ha denunciado el "empecinamiento" de tres comunidades en no aplicar las prestaciones y servicios que la ley contempla: Canarias, Madrid y la comunidad Valenciana.

El Observatorio, que ha surgido de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y se ha reunido durante dos días en Santiago de Compostela, evidencia algunos cambios en el ranking de las comunidades autónomas en la aplicación de la ley y destaca la actuación de cuatro Comunidades: Castilla-La Mancha (9 puntos sobre diez), Castilla y León (9 puntos), País Vasco (8,5 puntos) y Aragón (8,5 puntos). Por el contrario, critica la posición de las tres anteriores, de las que dice que ponen a sus ciudadanos "en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica", con puntuaciones de 0,5 para Canarias y 2 para Madrid y Valencia.

Canarias, con un 60 por ciento de personas con derecho reconocido que aún no tiene aprobada la prestación, y Valencia, con un 42 por ciento, son las comunidades "donde más preocupante es esta situación".

En cuanto a la financiación, el Observatorio ha analizado un estudio en el que se pone de manifiesto el desequilibrio entre lo que aporta de manera efectiva la Administración General del Estado (34 %) y las comunidades autónomas (52 %), mientras que el resto (14 %) es de copago.