El edificio Castillo ha sido el último, por ahora. El Parlamento de Canarias contempla la adquisición de nuevos inmuebles en su entorno, principalmente en la manzana que conforman las calles Juan Padrón, Castillo, Teobaldo Power e Benito Pérez Galdós, aunque esto no ocurrirá en un futuro inmediato por la situación económica.

La idea emana del Plan Director del Parlamento, aprobado en la presente legislatura y cuyo último paso ha sido la adquisición, esta misma semana y por 3 millones de euros, del edificio Castillo, un inmueble del año 1900 ubicado en el número 50 de la calle comercial más concurrida de la capital tinerfeña.

El visto bueno a la adquisición de esta edificación lo dio la Mesa del Parlamento en su última reunión, aunque, según fuentes parlamentarias, la idea venía barajándose desde el comienzo de la legislatura. El secretismo con el que se ha llevado la operación, y con el que se pretenden ejecutar operaciones futuras, obedece al intento de evitar que los propietarios de inmuebles cercanos puedan especular con los precios de sus propiedades.

No obstante, y en este caso concreto, si la compra no se había hecho antes es porque las negociaciones con los diferentes propietarios de la vivienda no habían llegado a buen puerto. Finalmente fructificaron hace algunos días y por tres millones de euros el Parlamento ha sumado un nuevo inmueble a su patrimonio.

Cabe recordar que es de su propiedad también el conocido como edificio de Telefónica, adquirido hace varios años con la idea de trasladar a él algunos servicios y en desuso desde entonces.

¿Un precio justo?

Comprado el número 50 de la calle Castillo por una cantidad que ronda los 3 millones de euros, la controversia gira ahora en si el Parlamento ha pagado un precio justo por el edificio, amén de haberlo hecho en una época de recesión económica como la actual.

Desde la propia Cámara regional se considera que la adquisición del citado inmueble por la cantidad convenida es muy buena. "Es un buen precio", aseguran. Se valora en este sentido que no se haya pagado más que lo tasado por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, gracias a la larga negociación mantenida con los distintos dueños de la propiedad.

Y parece que las cifras, en este caso, si no un chollo sí que se acercan mucho al valor que otros tasadores de la propiedad dan al edificio. Así, fuentes consultadas por este periódico consideran que el valor aproximado de mercado del número 50 de la calle Castillo oscila entre los 3.059.040 y los 3.841.720 euros.

No obstante, las mismas fuentes advierten también de que teniendo en cuenta de que se trata de una edificación del año 1900, y en función de su grado de conservación y mantenimiento, habría que aplicarle una depreciación del orden del 20%, por lo que el valor real estimado oscilaría entre los 2.447.232 y los 3.073.376 euros.

Con todo, el precio se aleja mucho de las millonarias cifras que el Parlamento debió pagar en su momento a los propietarios de parte de la actual sede cameral, tras la expropiación forzosa, luego rechazada por los tribunales, de sus legítimos dueños.

Respecto al uso futuro del recién adquirido edificio se abren ahora diversas posibilidades, aunque la idea que se maneja por parte de los responsables de la Cámara es utilizar el inmueble para ubicar en él departamentos de apertura al público en general, entre otros una biblioteca parlamentaria de uso público y sala multiusos. "La idea es que el Parlamento sea el centro de una serie de servicios que se ofrezcan a la sociedad", subrayan fuentes parlamentarias. No se descarta, en cualquier caso, que el número 50 de la calle Castillo acoja también labores de carácter administrativo, para lo que estaba pensado, en principio, el edificio de Telefónica.

Precisamente, la compra del edificio Castillo abre ahora la posibilidad de vender o ceder el inmueble que en su día albergara la sede de Telefónica con el objeto de financiar la reciente adquisición. De cualquier manera, la venta o cesión no se hará nunca a propietarios privados, en tanto en cuanto se pretende que el entorno parlamentario conservar un carácter "público", por lo que el futuro podría pasar por albergar algún departamento del Gobierno regional, o, incluso, la sede de la Audiencia de Cuentas o el Diputado del Común.

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