Catedráticos de Derecho aseguraron ayer que el compromiso al que ha llegado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el dirigente canario Paulino Rivero para establecer un contorno perimetral que siga la configuración del archipiélago, bajo la denominación de "aguas canarias", es contrario al Derecho Internacional, ya que esta delimitación sólo es posible en "Estados archipiélagos" y no en archipiélagos que forman parte de un Estado.

El catedrático de Derecho Internacional público de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) Carlos Jiménez explicó que España, como Estado, tiene el control de las 12 millas náuticas próximas a la costa de cada isla, pero no del conjunto de ellas.

Una de las reivindicaciones históricas del Gobierno canario ha sido que se establezca un cordón perimetral que siga la configuración del archipiélago, es decir, que englobe a todas las islas y no que las 12 millas se apliquen a cada isla en particular.

La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, considerada uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia, establece que la delimitación global de un archipiélago sólo es posible para los que sean Estado, como ocurre con Filipinas o Indonesia. Sin embargo, la delimitación de archipiélagos que pertenecen a un Estado continental -como Canarias, Baleares o las Galápagos, en Ecuador- se realiza sobre cada una de sus islas y no sobre el conjunto.

Según Jiménez, el perímetro único para todo el archipiélago supondría una "ampliación muy grande" de la soberanía canaria, pero esto también conllevaría una reducción significativa de "mar libre", algo con lo que los países no tendrían por qué estar de acuerdo.

En este sentido, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de La Laguna (Tenerife) Juan Hernández Bravo de Laguna resalta que "hay Estados que lo aplican como Portugal o Dinamarca sin poderlo aplicar".

Según manifestó, "utilizan el polígono de base recta en los accidentes geográficos más extensos", aunque aclaró que, llegado el momento y ante una denuncia presentada por algún país, puede haber "conflicto".

Jiménez remarcó que no hay ningún organismo internacional que regule las aguas, sino que los países, entre ellos España, firmaron y ratificaron en 1982 la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por la cual se regula la jurisdicción y soberanía sobre las aguas.

Subrayó que España puede emprender alguna acción, vía decreto o similar, por la que haga caso omiso a lo firmado en la Convención y tome la decisión unilateral de establecer un contorno perimetral en las Islas.

También ayer, el Gobierno central manifestó que el pacto con CC no cede competencias sobre las aguas, pero abre la puerta a hacerlo en el futuro. Fuentes gubernamentales recalcaron que el acuerdo alcanzado entre el PSOE y CC sobre las "aguas canarias" no supone ningún traspaso de competencias al Ejecutivo regional, pero sí abre la puerta a hacerlo en el futuro, con un nuevo Estatuto de Autonomía.

Las fuentes subrayaron que el acuerdo menciona que, según la Constitución, el mar territorial es un bien público estatal, y eso condicionará las competencias que puedan traspasarse.

Así, el acuerdo sobre las "aguas canarias" no tiene por el momento ningún efecto jurídico y lo que hace es abrir la puerta a que un nuevo Estatuto sí lo tenga y que dé a Canarias competencias acordes con su carácter de región ultraperiférica.

El pacto incluye también el compromiso de socialistas y nacionalistas para impulsar un nuevo Estatuto, que hasta ahora el PSOE canario condicionaba a la inclusión de una reforma de la ley electoral.