Nueva Canarias (NC) ha recordado que el archipiélago sigue un año más a la cola del Estado en todos los indicadores que reflejan la aplicación de la Ley de Dependencia, informó la formación en un comunicado.

De esta manera, la organización nacionalista fundamentó su afirmación en los informes oficiales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) del Ministerio de Sanidad y Política Social, que reflejan la situación por comunidades autónomas a fecha de 1 de octubre del presente año.

"Somos la última comunidad en el número de personas que reciben las prestaciones establecidas por Ley, con 8.066 beneficiarios. Esto significa que Canarias sólo supone el 1,2 por ciento de las 627.165 personas beneficiarias que hay en el estado cuando nuestra población supone el 4,5 por ciento de la población española".

Por el contrario, apuntó que comunidades que aplican diligentemente la ley como Andalucía tienen el 27,6 por ciento del total de beneficiarios del Estado cuando su población sólo es el 17,6 por ciento.

Además hay un enorme retraso por parte del Gobierno canario en la gestión de la prestación que conlleva que "en estos momentos haya 18.213 canarios, que tienen reconocido un grado de dependencia, esperando por las ayudas a las que tienen derecho".

Para NC estos datos vienen a demostrar que el Gobierno canario es el que más tarda en dar respuesta a las solicitudes, tal como apunta el IV Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, dos años en Canarias frente a los noventa días de otras comunidades.

Asimismo, en opinión de la organización estos indicadores ponen de relevancia que los ciudadanos, especialmente los más débiles, no son la prioridad de este Gobierno autonómico. Mantener a 18.213 familias sin recibir las prestaciones a las que tienen derecho es un maltrato. "Se está deteriorando su calidad de vida y se están vulnerando sus derechos por pura incompetencia". explicó NC.

También apuntó al centralismo del Gobierno autonómico como una de las causas de la ineficaz gestión de la ley de Dependencia ya que no han querido transferir la gestión a los cabildos, que son las instituciones que ejercen las competencias en políticas para mayores y discapacitados, y que cuentan con unidades de evaluación y estructuras profesionalizadas.

Por el contrario, "el Ejecutivo canario ha destinado el dinero de la dependencia a engordar la plantilla de funcionarios de la Consejería de Bienestar Social contratando a más de 150 personas sin experiencia. Esto, además de ser un gasto ineficiente e injustificable, ha contribuido al fracaso en la gestión del sistema".

Finalmente, NC señaló que, para mayor "vergüenza", el presidente Paulino Rivero "trata de engañar a la ciudadanía negando la evidencia y asegurando que Canarias es la comunidad que mejor aplica la ley". "Una evaluación que habría que contrastar con la opinión de los 18.213 dependientes que esperan por las ayudas", concluyó.