No ha sentado bien a la Comisión Europea el hecho de que, como parte de las negociaciones entre el PSOE y CC con vistas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el Congreso tramite una reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) sin su autorización previa. El REF realmente obedece a una competencia comunitaria y los cambios deben ser autorizados por Bruselas.

Una proposición de ley de los nacionalistas presentada en la Cámara Baja el pasado mes de julio trajo consigo una denuncia ante la Comisión Europea, que ha solicitado información a España sobre este asunto, y en concreto sobre uno de los instrumentos del REF, la Zona Especial Canaria.

El Gobierno de la UE advierte además de que la carta, a la que ha tenido acceso este periódico, es previa a la apertura de una investigación si no diera una respuesta satisfactoria en el plazo de 20 días contados desde el 28 de septiembre y le recuerda que todo asunto relacionado con el REF debe pasar por la Comisión previamente "a efectos de su aprobación".

Cuatro aspectos clave

La información que precisa la Comisión se refiere a aspectos clave de la Zona Especial Canaria basados en la citada denuncia que se presentó después de que el Congreso iniciara la tramitación de la reforma de aspectos del REF por una proposición de ley de CC.

La denuncia que ha llevado a la Unión a exigir explicaciones a España se concreta en cuatro aspectos: la inseguridad jurídica que supone la proposición nacionalista, la posibilidad de que la gestión de la ZEC esté incurriendo en "competencia desleal", el uso de los fondos estatales de este instrumento y la falta de evaluación de este organismo.

Sobre la primera, la denuncia que ha llamado la atención de Bruselas considera "sorprendente" que si la agenda comunitaria establece 2013 como fecha de validez del REF, se haya iniciado en el Congreso un proceso para su reforma tres años antes sin que "la Comisión haya sido informada de ello por las autoridades nacionales pertinentes".

En cuanto a la competencia desleal, la denuncia recuerda que en la ZEC está prohibida la implantación de servicios intragrupos, actividades jurídicas o de asesoría contable y fiscal y pone tres ejemplos recientes en los que, sin embargo, se habría autorizado tres empresas que no cumplen con estos parámetros.

Sobre estos y otros asuntos, la Comisión Europea pide a España que "en caso de que las autoridades de su país consideren que la cuestión no es constitutiva de ayuda ilegal, le agradeceríamos que nos hicieran llegar su propio resumen de los hechos y las razones por las que no lo consideran así", según el documento.

En caso contrario, advierte, "los servicios de la Comisión podrían verse obligados a formular un requerimiento de información". Además de esto, "los servicios de la Comisión podrían tener que incoar el procedimiento de investigación formal".