La federación de enseñanza de Comisiones Obreras libra desde hace años una batalla judicial contra las decisiones y normas de la Consejería de Educación que considera lesivas para los derechos de los trabajadores. El último episodio de esa lucha es la interposición de un recurso -aún ante la Administración educativa- contra las instrucciones para la organización y funcionamiento de los institutos canarios, unas órdenes que, a juicio del sindicato, suponen "una discriminación y un trato vejatorio hacia profesores y alumnos", en palabras del secretario general de la federación, José Ramón Barroso.

Mediante estas instrucciones, la Consejería limita la posibilidad de que los docentes dispongan de horas complementarias -para tareas como las de dirección, proyectos de animación a la lectura o bibliotecas o tutorías-, de forma que puedan ocuparse de cubrir sustituciones de corta duración.

Según CCOO, estas órdenes modifican, sin negociación previa, las condiciones laborales de los trabajadores y, además, "debilitan la calidad" del servicio al convertir los centros en "guarderías", en las que los profesores "cuidan" a los alumnos en lugar de prestarles atención educativa.

La resolución impugnada conlleva, a juicio de la organización sindical, una reducción del número de docentes en los centros, el aumento del número de estudiantes por grupo, la disminución de especialistas -como orientadores, logopedas o profesorado de pedagogía terapéutica- y menos apoyo a alumnos con necesidades especiales, entre otros perjuicios.

El problema no termina en las sustituciones de las bajas de corta duración, advirtió CCOO, que dice tener constancia de que ausencias más prolongadas tampoco se están cubriendo con el nombramiento de profesores sustitutos. "Hay bajas de dos meses que no se cubren, vacantes en la plantilla desde inicio del curso cuando hay docentes esperando en listas a ser nombrados y horarios todavía provisionales porque no se sabe si habrá suficiente personal", aseguró José Ramón Barroso, quien atribuyó esta situación al "marcado carácter economicista" que, a su entender, caracteriza la gestión de la Consejería. Para el sindicato, "la verdadera finalidad del plan es el recorte presupuestario".

La sucesión de miembros de la comunidad educativa -profesores, alumnos y padres- de diferentes centros escolares que exteriorizan su malestar frente a la sede de la Consejería es, según la organización, una prueba de la mala gestión de este departamento. "Si este equipo de dirección no es capaz de negociar y alcanzar acuerdos con nadie, lo lógico es que se marche", argumentó el secretario general de la federación de enseñanza de CCOO.

Con el fin de recabar apoyos a su lucha contra esta situación, el sindicato tiene previsto reunirse con Federación Canaria de Municipios, con la de Islas, con los grupos parlamentarios, con el Consejo Escolar de Canarias y con otros organismos públicos.

La ofensiva de Comisiones contra la actuación del Gobierno no se limita a estas instrucciones. Otras cuatro normas emitidas por la Administración educativa canaria han sido recurridas por el sindicato en las últimas fechas, en este caso ya ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Entre ellas se encuentra el polémico decreto de 1 de julio que regula la constitución de las listas de interinos y sustitutos, que fue aprobado por el Ejecutivo en términos distintos a los aprobados con los representantes de los trabajadores en la Mesa General de Funcionarios Públicos "de forma unilateral", recordó José Ramón Barroso.