El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, amenazó hoy con denunciar a las navieras ante el Tribunal de Competencia si se demuestra que el alza de las tarifas del transporte marítimo en un 40 por ciento es "abusivo", al tiempo que advirtió de que, si no se llega a un acuerdo "razonable", el Ejecutivo autonómico impulsará la declaración de obligación de servicio público del traslado por mar de las mercancías a las islas.

Así lo anunció en declaraciones a los medios en la capital grancanaria el jefe del Ejecutivo regional tras una reunión de aproximadamente dos horas con representantes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, así como las confederaciones de empresarios y diversas asociaciones a fin de analizar el incremento de los fletes marítimos.

Rivero destacó que el costo del transporte de las mercancías es una materia "muy sensible para Canarias, tanto las que vienen a las islas como las exportaciones". Incidió en que "en el archipiélago no hay alternativas para el transporte de mercancías que hay en el continente y depende casi exclusivamente del barco".

"EXCESIVO Y POCO RAZONABLE"

"Cualquier incremento de los costos del transporte de las mercancías repercute en las economía y el usuario", manifestó, al tiempo que calificó el anuncio de las navieras del incremento de 40 por ciento de "excesivo, abusivo y poco razonable".

En su opinión, "no hay ningún tipo de razón que justifique un incremento tan importante" y argumentó que "no hay incremento de costo en las operaciones de los puertos --todo lo contrario a partir de enero bajarán las tasas--; y no hay incremento en el precio del combustible ni en el costo de la Seguridad Social de los que prestan servicios en los barcos".

"No hay una razón que justifique un incremento tan espectacular", remarcó, por lo que anunció que se ha encargado de forma urgente un estudio comparativo del costo del transporte de mercancías en Canarias y comparativamente con otros lugares similares al archipiélago.

Además, avanzó la creación de un Observatorio que "vigile cualquier alteración de los precios que se produzcan en el archipiélago". Asimismo, anunció una reunión con las navieras para "conocer su versión".

"SITUACIÓN DE ABUSO"

"Si fuera necesario, si el estudio demuestra que se está produciendo una situación de abuso en el transporte de mercancías a Canarias, denunciaremos ante el Tribunal de la Competencia", aseguró Rivero.

Igualmente, manifestó que, "si fuera necesario, el Gobierno canario impulsará la declaración de obligación de servicio público el transporte de las mercancías a Canarias".

A este respecto, aclaró que ésta es una competencia estatal, pero "si fuera necesario", el Ejecutivo regional pediría al central que, "al igual que declaró en su día el transporte aéreo obligación de servicio público, declare obligación de servicio público el transporte de mercancías a Canarias tanto en el ámbito interinsular como con el exterior".

Esta declaración de obligación de servicio público por parte de la administración implica que ésta puede, previa autorización administrativa, "fijar los precios máximos que se pueden cobrar y fijar las condiciones en las que se presta el servicio del transporte de mercancías", explicó.

De este modo, reiteró que si no se alcanza "un acuerdo razonable con las navieras y se demuestra que ésta es una situación de abuso, las dos puertas quedarán abiertas: Tribunal de la Competencia y paralelamente, declaración de la obligación de servicio público".

Por su parte, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Sebastián Grisaleña, expresó la preocupación del Gobierno regional y de todo el sector afectado, que coincide en que "no hay motivo para la desproporción del incremento de los fletes en un 40 por ciento".

Detalló que el Observatorio se creará "en dos o tres semanas" y estará integrado por representantes de los empresarios, el Gobierno regional y las autoridades portuarias con el objetivo de valorar los costes que existan "realmente" en el transporte de mercancías en Europa y Península y también a nivel interinsular.

Advirtió de que si no se consigue un acuerdo a raíz del encuentro que mantendrá "en breve" Rivero con las navieras, las empresas adoptarán medidas, aunque no precisó cuáles.

Sobre la posibilidad de llevar a cabo medidas de presión, Grisaleña insistió en que "lo primero es valorar a través del Observatorio los costos reales de las diferentes compañías que operan con Canarias de Europa, Península e interinsular".

Afirmó que uno de los mensajes que harán llegar a las navieras a través de Rivero es la congelación de la subida hasta que concluya la negociación.

INFLUYE EN LA CESTA DE LA COMPRA

"No aceptamos ninguna subida de momento. Se da la paradoja de que anuncian una subida de precios cuando los combustibles están bajando", agregó el representante empresarial, que entiende que el Gobierno autonómico "no tiene que aportar ninguna ayuda" a las empresas, pero remarcó que no se pueden "permitir incrementos desproporcionados".

El presidente de la CCE admitió desconocer la razón de las navieras para anunciar dicha decisión y advirtió de que cualquier incremento de fletes con Canarias "influye enormemente en la cesta de la compra y en cualquier actividad empresarial".

"Canarias depende de los puertos" y, si se encarece el transporte de mercancías, "el que paga siempre eso es el consumidor. Intentamos defender al sector empresarial y, de rebote, al esto de los ciudadanos", sentenció.

A la reunión celebrada en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria acudieron representantes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, la CCE, Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga) y Asociación de Supermercados (Asuican).

Además de miembros de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), el Consejo de Usuarios del Transporte Martímo de Canarias, la Asociación Empresarial de Agentes de Aduanas de Las Palmas y el Club de Exportadores de Canarias.