Los secretarios de Unión Federal de Policía (UFP) y del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Rafael Dios Sánchez y Amadeo Delgado Izquierdo, censuran el traslado de un preso de Tenerife II al Hospital Universitario de Canarias (HUC) cuando, supuestamente, padece una enfermedad contagiosa (tuberculosis) y ese centro sanitario carece de módulo de seguridad, con el que sí cuenta el Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria.

Estas centrales recuerdan que esos módulos reúnen los requisitos legales para el ingreso y la custodia de presos y penados en lo que se refiere a la protección ante enfermedades infectocontagiosas. "Desconocemos qué intereses ocultos existen para este traslado a un hospital que no reúne, a nuestro juicio, los requisitos, con lo que se pone en riesgo de contagio a los policías, a los trabajadores del hospital y a los familiares que visitan el centro, sobre todo teniendo en cuenta que hay otro hospital que sí reúne los requisitos".

Los sindicatos recalcan que, según la Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Ramón y Cajal, las medidas incluyen el aislamiento respiratorio, "indicándose el TBC pulmonar o de vía aérea con tinción positiva para microbacterias". También se recomienda una habitación de aislamiento (presión negativa, puerta cerrada, restricción de visitas y estancia individual), así como que las mascarillas que se usen filtren partículas de una micra de tamaño, con una eficiencia del 95% y para flujos de aire superiores a 50 litros por minuto. Sobre los respiradores de partículas, se aconseja que, a diferencia de las mascarillas normales, sean reutilizables, que cada trabajador use la suya con su nombre y la fecha del primer uso y que su vida útil máxima sea de un mes. Además, indican que las mascarillas quirúrgicas son útiles para los pacientes, "pero no deben usarse para proteger al trabajador".

Según estas centrales, estas medidas no se cumplen en el HUC, aparte de que se entregan mascarillas útiles para los enfermos, pero no para las demás personas.

Los sindicatos han denunciado la situación ante la Dirección General de la Policía, el Comité de Seguridad y Salud de Prevención de Riesgos de Canarias y la Comisaría Provincial de Santa Cruz, "sin que haya habido solución o información fiable de la enfermedad". Instan a que este preso sea trasladado a La Candelaria y sostienen que los policías no han sido informados de las posibles enfermedades infectocontagiosas que puede padecer ni su grado de peligrosidad, incumpliéndose el artículo 7 de las normas sobre prevención del Cuerpo Nacional de Policía.

La Subdelegación del Gobierno en la Provincia da una versión totalmente contraria. Asegura que se toman todas las medidas de seguridad pertinentes y que se traslada al preso al HUC porque ahí se hallan todos sus informes y los médicos que siempre lo han tratado de su padecimiento.

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