Madrid, Cádiz, Málaga y Santa Cruz de Tenerife son las provincias españolas donde al cierre de 2009 más mujeres recibieron protección policial por violencia de género, según datos del Ministerio del Interior, de los que se desprende que el año pasado 28.975 víctimas de malos tratos en todo el país pasaron por el Sistema de Seguimiento Integral de estos casos.

Así, al cierre de 2009, Madrid se destacaba por encima del resto de España con un total de 7.262 mujeres con protección policial, seguida de lejos por la provincia de Cádiz, donde eran 2.068 los casos bajo vigilancia, frente a los 1.784 expedientes de Málaga y los 1.780 registrados en el mismo periodo en Santa Cruz de Tenerife.

Por encima del millar de víctimas de malos tratos protegidas figuran también Murcia (1.541), Alicante (1.197), Baleares (1.188), Sevilla (1.186) y Valencia (1.062), mientras que el resto de provincias españolas no superan los 700 casos.

Los lugares donde el Sistema de Seguimiento Integral tiene menos mujeres bajo vigilancia son Lleida y Tarragona, con tres casos en cada una; Girona, con cuatro; Guipúzcoa, que tiene cinco; Álava, con siete; Vizcaya, con 13; Salamanca, con 22 y la provincia de Barcelona, con 24 víctimas protegidas.

Intervenciones directas

En cuanto a la protección policial directa, durante el año pasado un total de 587 efectivos de los Equipos y Especialistas en Mujer y Menor, 555 de las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección a Mujeres Maltratadas y 726 agentes del Servicio de Atención a la Mujer velaron por la protección de las víctimas en todo el territorio nacional, en colaboración con los miembros de las Unidades de Seguridad Ciudadana, según los mismos datos de Interior.

Este dato contrasta con las declaraciones realizadas en el Parlamento esta misma semana por la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, en las que trasladaba las quejas por parte de las víctimas de malos tratos de que nadie vigila o hace seguimiento a los maltratadores.

"Son las mujeres las que tienen que estar pendientes de si está siendo acechadas. Si ellos son los que comenten un delito son ellos los que deben sentirse vigilados y no campar a sus anchas como en ocasiones sucede", dijo Rojas, antes de señalar que ante las deficiencias del actual sistema de protección "hay que estudiar la posibilidad de que esta labor la lleve a cabo la Policía Canaria".