La comunidad autónoma de Canarias carece de una planificación específica destinada a la prevención de la violencia género desde que en 2006 se venciera el Programa de Prevención y Erradicación creado por el Gobierno regional, aunque se llegó a acordar su prórroga hasta diciembre de 2007.

Este programa fue elaborado por el Gobierno de Canarias y quedó incluido como anexo en el III Plan de Igualdad, después de que en una subcomisión parlamentaria así lo acordase. Dicha subcomisión igualmente estableció que la evaluación de este programa debía ser presentada ante el parlamento con el objetivo de establecer qué acciones estaban siendo positivas en la lucha contra los malos tratos hacia la mujer y, por lo tanto. debían mantenerse, y cuáles debían ser modificadas para hacerlas más efectivas.

Sin embargo, hasta la fecha, dicha valoración nunca se ha realizado o, al menos, no se ha hecho pública, ya que fuentes de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias aseguran que "al tratarse de un programa, la evaluación no es obligatoria; no obstante el Gobierno ha querido hacerla y se la ha encargado a una empresa externa, por lo que se presentará en tiempo y forma en el Parlamento de Canarias próximamente. "No se puede decir que hay demora porque no hay obligación alguna de evaluar", mantienen.

Asimismo, estas mismas fuentes recuerdan que el III Plan de Igualdad sí que ha sido evaluado y que, por lo tanto, se puede entender que los programas que los componen también lo han sido.

En cualquier caso justifican que sí que existe una planificación regional aludiendo a los informes sobre violencia de género que anualmente presenta ante la comisión parlamentaria de Asuntos Sociales el Instituto Canario de Igualdad (ICI) y que muestran la realidad de los malos tratos sobre la mujer en las Islas en cifras.

Estas afirmaciones no son compartidas por la diputada socialista Eulalia Guerra de Paz que manifiesta que la falta de un programa específico para violencia sobre la mujer desde hace cuatro años en la comunidad autónoma se traduce en que "se están llevando acciones de manera inconexa y sin saber si se ajustan a las necesidades reales o no, porque como no ha habido una evaluación no se puede saber a ciencia cierta si lo que se hace está sirviendo para algo o simplemente cae en saco roto".

A juicio de Guerra de Paz, "es imposible saber qué hace el Gobierno en violencia de género y, sobre todo, qué acciones funcionan y cuáles no. El ICI trabaja, eso no lo duda nadie, pero son acciones sueltas que deberían estar enmarcadas en un plan más general para que funcionaran".

"Falla la coordinación -continúa argumentando la diputada socialista-, no se está cumpliendo con cuestiones tan básicas como que haya una formación individual para los profesionales de la Sanidad o la Educación, por no hablar de la que es necesaria para los policías que atienden a las víctimas y que en muchas ocasiones no saben dar respuesta a la demanda que se encuentran", mantiene Eulalia Guerra de Paz.

Algo en lo que tampoco está de acuerdo el Gobierno, que además de recordar que la prevención y atención a las víctimas de malos tratos corre a cargo los cabildos desde 2007 -cuando se firmaron los acuerdos con todos las administraciones insulares y se creó la red de atención a la mujer-, insiste en que existen numerosas actuaciones transversales en áreas tan significativas como en Educación, donde más de 2.500 profesores han recibido formación específica en esta materia.