"Hemos perdido". Así de explícito se mostraba ayer un responsable insular al conocer la decisión tomada por los miembros del Consejo Consultivo de no considerar vigente la disposición transitoria cuarta de la Ley 9/2003 de Financiación de las Haciendas Locales de Canarias.
Aunque todavía no se ha hecho público el dictamen, y pese a que éste no es vinculante, fuentes consultadas por este periódico han avanzado que cuatro de los siete miembros que han tenido que tomar la decisión definitiva -Carlos Millán, Francisco Reyes, Antonio Lazcano y José Rafael Díaz- se han decantado por las tesis que defiende el Gobierno de Canarias, esto es, que la citada disposición transitoria ha perdido su vigencia.
Los otros tres -Luis Fajardo, Óscar Bosch y José Suay- han apoyado la postura de las corporaciones locales, en el sentido de que la disposición está vigente y, por tanto, el Gobierno debe abonar 75 millones a cabildos y ayuntamientos a cuenta de la liquidación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) del año 2009. Los tres emitirán el lunes sus votos particulares.
Esta disposición establece que el Gobierno de Canarias, con cargo a sus fondos, garantizará a todas las islas una asignación equivalente a la que vinieran percibiendo en el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2002 en concepto de los recursos a que esta Ley hace referencia, estableciendo a tales efectos los mecanismos compensatorios correspondientes.
Como se recordará, la decisión de pedir dictamen al Consultivo para intentar aclarar la situación entre el Ejecutivo y las corporaciones locales fue tomada por el presidente canario, Paulino Rivero, el pasado 17 de mayo, tras una reunión mantenida con representantes insulares y municipales.
En la comparecencia informativa posterior, Rivero resumió la situación con la expresión "a todos nos sobra voluntad pero nos falta dinero, pues al margen del debate jurídico sobre la disposición transitoria, la clave es, dijo, cómo se puede dotar de más recursos, en una situación adversa, a los distintos niveles de la Administración.
Tribunales
Con todo, desde las corporaciones insulares y municipales no se ha descartado acudir a los tribunales para que sean éstos los que decidan este contencioso. Por esta razón, ahora deberán esperar para conocer qué dice el Gobierno sobre la decisión del Consultivo para luego tomar una decisión.
En principio, la Fecai tiene una reunión antes de que finalice el mes en La Graciosa, coincidiendo con el final de la presidencia de turno del presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés. En esta cita se decidirá cómo actuarán los cabildos y si finalmente acuden a la Justicia, pues muchos de ellos siguen pensando que tienen razón en su reclamación y que, por tanto, si finalmente la decisión de los tribunales es favorable, la cantidad a percibir superará con creces los 75 millones de este año.