Un año, un mes y dos días después de que entrara en vigor la polémica Ley de Medidas Urgentes, veintidós de los ochenta y ocho municipios de Canarias han reservado suelo industrial en sus planeamientos, una posibilidad que les había "suprimido" la Ley de Directrices.

Así lo indicó ayer en la comisión parlamentaria de Medio Ambiente el consejero regional del área, Domingo Berriel, quien precisó que estos suelos industriales, destinados a convertirse en pequeños polígonos de ámbito municipal, servirán para reubicar a empresas que ahora ocupan suelo urbano y cuya actividad puede ser nociva, peligrosa e insalubre.

Además, el titular del área de Medio Ambiente avanzó que en la actualidad hay en tramitación unos 40 proyectos de actuación territorial -otra posibilidad abierta al amparo de las Medidas Urgentes-, de los que, entre otros, cuatro son de estaciones de servicio, once se refieren a instalaciones de tratamiento y reciclaje de residuos de la construcción y demolición, y diez corresponden a parques eólicos.

También se refirió Berriel a los planes territoriales especiales de singular interés industrial, y subrayó que hasta la fecha no ha existido solicitud alguna para la declaración por el Gobierno de actividad estratégica con carácter de urgencia, por lo que aún no se ha activado esta figura de ordenación.

Además, precisó que el Ejecutivo tampoco ha adoptado las medidas pertinentes previstas para hacer frente a la especulación con el suelo industrial, al no haber transcurrido el plazo de cuatro años que la ley otorga respecto a los suelos urbanizables de uso industrial, sectorizados y no ordenados.

"La Ley de Medidas Urgentes es un instrumento que posibilita a la sociedad el uso de una herramienta para facilitar iniciativas públicas y privadas, pero hay otros factores exógenos como la situación económica que juegan un papel determinante en la dinamización", apuntó el consejero, quien remarcó que "esperar milagros sería ilusorio".

Sobre este asunto el diputado del PP Miguel Jorge hizo hincapié en las ventajas que ha aportado la Ley para los ayuntamientos desde el punto de vista de la simplificación administrativa, un aspecto que, a su juicio, permitirá que se incorporen "nuevas actividades económicas en el Archipiélago".

En la misma línea, el portavoz de CC, José Miguel González, consideró "fundamental" para las Islas el desarrollo del sector industrial, y destacó la importancia de haber liberado del "cinturón" de las Directrices a los ayuntamientos.

Manuel Fajardo, del PSC, por su parte, se preguntó si de verdad con la desclasificación de suelo industrial se está combatiendo la especulación, tal y como se había justificado para aprobar la citada norma, y remarcó que del análisis hecho por el Gobierno se desprende que los ayuntamientos "no tienen intención" de hacer uso del suelo industrial.

Explotaciones ganaderas

Por otro lado, Domingo Berriel informó ayer durante la comisión de Medio Ambiente de que 421 explotaciones ganaderas de Canarias han solicitado su legalización al amparo de la Ley de Medidas Urgentes, y desmintió que esta regularización se fuera a realizar por decreto, tal y como insinuó el diputado del PSC Manuel Fajardo.

Berriel detalló que en las Islas hay 9.300 explotaciones ganaderas registradas, y precisó que de las 421 que han solicitado su legalización, 161 son de Fuerteventura, 125 de Lanzarote, 70 de Tenerife, 28 de La Palma, 25 de Gran Canaria, 11 de La Gomera y una de El Hierro.

Fajardo, por su parte, consideró escaso el, a su juicio, "5% de explotaciones" que habían optado por legalizar su situación, y pidió más recursos para el sector primario.

El consejero regional, sin embargo, cifró en un 50% las explotaciones ganaderas legalizadas, puesto que, según explicó, muchas de ellas han optado por otro mecanismo, que es el de las "calificaciones territoriales". "Presupone que las 9.300 son ilegales, y eso no es así", aclaró.