LA REFORMA laboral ha sido una filfa. En un documento de 41 folios apenas se aportan soluciones al empleo. Zapatero ha desaprovechado otra oportunidad histórica, quizá la última que a él le atañe, para modificar la doctrina laboral franquista, tan adorada por los sindicatos. Otra catástrofe de este Gobierno.

Hemos dicho aquí hasta la saciedad que el problema principal gira sobre dos patas: a) la carestía del despido; y b) las elevadas cuotas empresariales a la Seguridad Social. Nadie duda de que la Seguridad Social española funciona, pero el Gobierno ha tirado demasiado de la caja y los empresarios no pueden resistir más la presión. Un trabajador cuesta demasiado caro. Y en cuanto al precio de los despidos de asalariados fijos, es el más elevado de los países civilizados. Con esto lo decimos todo.

Zapatero lo que ha hecho es poner parches, con una legislación ambigua y con un lenguaje tan enrevesado que uno comienza a leer el texto de la reforma, y lo acaba, y no se ha enterado de nada. Ahora vendrán las interpretaciones, las enmiendas y los criterios judiciales sobre la norma, que tampoco serán moco de pavo. Porque la jurisdicción laboral, que ahora interpreta leyes franquistas, quedará descolocada con nuevas reflexiones sobre normas parecidas que se ofrecen como diferentes. Difícil para los jueces de lo laboral.

El Gobierno ha demostrado su inoperancia, de nuevo. Esto no es una reforma; esto es un cachondeo. Los llamados agentes sociales no han renunciado a sus posiciones. Los sindicatos se enrocan en la defensa de su legislación franquista. Los empresarios no pueden soportar la presión de las indemnizaciones. Así no hay quien cree empleo ni quien inyecte optimismo a los mercados. Así tampoco va a creernos Europa porque esta reforma no es convalidable con los criterios europeos. Zapatero nos ha tomado el pelo, en su afán por ejercer el socialismo del siglo XIX. Y no hay derecho.

España, y Canarias, viven momentos de zozobra económica y de crisis laboral impresionante. 27% es la tasa de desempleo en las Islas, que se eleva al 32% en territorios como Fuerteventura. Nadie pone remedio a esto, por lo que se ve. Las medidas para incentivar la economía no han sido suficientes. A los empresarios que tienen pagos pendientes a la Agencia Tributaria o a la Seguridad Social se les niegan los créditos ICO que solicitan para pagarlos. Incluso Hacienda niega aplazamientos del IRPF a las empresas que mantienen deudas, aunque sean nimias, con el Tesoro.

O se reforma todo esto o estamos acabados. Y de esto no dicen nada los 41 folios.