El cambio del sistema de financiación de la tarifa eléctrica supone una espada de Damocles para Canarias porque deja en el aire el futuro de unos 750 millones de euros (el equivalente del 10% del presupuesto regional de este año) justo cuando la Consejería de Economía y Hacienda regional prevé un recorte de más de 1.000 millones en el próximo ejercicio.

La razón es que la tarifa eléctrica desde 2010 ya no se financia por completo de lo recaudado a los consumidores, sino que a partir de este mismo año depende (y cada vez en mayor medida, hasta el 100% en 2014) de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). A más de un año de la publicación del decreto que ordenó este cambio, las Islas no tienen la certeza, como explica el director general de Energía del Gobierno de Canarias, Adrián Mendoza, de que el Estado respetará su financiación con independencia de los fondos que deben pagarse a las empresas de generación y transporte.

Cabe recordar que la estructura de la tarifa integra conceptos tan dispares como la generación de la electricidad, las ayudas a las renovables, la moratoria nuclear o los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla). Tan sólo este último concepto supone un desembolso de 1.500 millones de euros que engrosan cada año un déficit que ya acumula más de 22.000 millones, de los que más de 4.100 millones se generaron en 2009.

"Es una gran duda y problema que tenemos hoy día", afirma Mendoza. La Comunidad no tiene certeza de que la financiación a las eléctricas vaya separada del cómputo de las cuentas canarias en las asignaciones que hace el Estado en los PGE cada año. "Existe el riesgo de que el Estado intente computar estos fondos como financiación a Canarias y ahí está la pelea", reitera.

Mendoza explica que "la tentación del Ministerio de Hacienda es poner en la casilla de Canarias los costes de producción energética" cuando, en realidad, es dinero que "ni maneja la Comunidad ni quiere hacerlo porque la Comisión Nacional de Energía (CNE) lo hace francamente bien y esos fondos van directos a las eléctricas".

"Esto no es financiación real porque es un concepto preexistente que, en parte, salía de los propios bolsillos de los canarios al pagar la factura eléctrica. Ahora, al ir en los presupuestos, la foto final que sale de Canarias es totalmente distinta sin hacer nada nuevo", advierte.

Déficit interminable

Fue el enorme volumen del déficit lo que obligó al Estado a cambiar el sistema de financiación, explica Mendoza. Como funcionaba hasta 2009, cada año se iba incrementado la deuda en la que incurren las eléctricas al operar. A partir de ahora, añade, una parte proporcional cada vez mayor de esos costes se pagarán en cada ejercicio a través de los PGE por lo que el déficit aminorará su crecimiento primero hasta que, en 2014, se detenga, al tiempo que el Estado busca la manera de ir pagando a las empresas la deuda.

El Gobierno central ya intentó titulizar la deuda (dividirla en partes para poder venderla en los mercados) a fin de conseguir los fondos necesarios para pagar la deuda a las compañías, "pero llegó la crisis y los mercados vieron con recelo un volumen de déficit tan grande". El resultado es que fue imposible colocarla y, por ese motivo, se cambió el modelo.

Pero la modificación despertó suspicacias desde el principio en Canarias. Un informe de AEI-Cluster Ricam (Agrupación Empresarial Innovadora-Cluster de Empresas de Energías Renovables, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de las Islas Canarias) advirtió el año pasado de que "este sistema puede implicar un peligro a medio plazo debido a que la compensación se encuentra incluida en los PGE como transferencias, lo que puede llevar a que acabe imputándose directamente a las Comunidades Autónomas".

El propio Gobierno canario advirtió de la situación en un informe relativo a la financiación del extracoste de generación extrapeninsular en el que señaló, por una parte, que "puede presumirse que la cuantía destinada a compensar los efectos de la insularidad y extrapeninsularidad existentes en el sistema eléctrico se impute a partir de este decreto como gasto de la Administración central en la Balanza fiscal de Canarias" y, además, alertó de que "parece que el nuevo sistema de compensación vía PGE se imputará a Canarias como transferencia a la Comunidad Autónoma, aunque en los presupuestos puede aparecer como transferencias a empresas privadas".

Las Islas consultaron al Ejecutivo central su postura en relación con el asunto, a lo que la Administración estatal contestó que su intención es respetar el criterio actual y mantener de manera independiente la financiación canaria de las asignaciones a las eléctricas. Pero la respuesta "no es ley ni decreto ni nada. Cuando haya cambios en el Ministerio de Hacienda o en el Gobierno de Canarias, a ver quién se acuerda de esto", señalan con recelo fuentes tanto desde el propio Ejecutivo autonómico como desde una de las eléctricas.

El REF y las eléctricas

En todo caso, también hay voces en la Administración regional que ven el asunto con más tranquilidad. El viceconsejero de la Presidencia, Javier González, aclara que estos costes "no están territorializados" y puntualiza que "no es un dinero que el Estado deba a las Comunidades, sino a las compañías por los sobrecostes extrapeninsulares de la generación".

En consecuencia, aunque admite que existe la posibilidad de que el Estado quiera "territorializar" estos costes, lo ve "complicado" porque supondría dividir el sistema energético, que "es uno solo". De hecho, insiste, "en los PGE hay una partida total para todos los sistemas extrapeninsulares".

De forma adicional, el nuevo sistema plantea un segundo problema. Mendoza explica que la CNE venía actualizando los costes de las eléctricas cada pocos meses, por lo que de producirse desajustes se podían corregir relativamente pronto, pero ahora los desfases sólo se pueden reconocer de forma anual al depender de los PGE. "La diferencia la tendrá que asumir alguien y no será el Gobierno de Canarias, que cuenta con la Ley del REF que obliga al Estado a reconocer los sobrecostes energéticos de las Islas", explica. "Esto también preocupa a las eléctricas", añade.