¿Esencia de la cultura española o espectáculo sádico y sangriento? El debate sobre las corridas de toros -la llamada "fiesta nacional"- se ha encendido en los últimos meses coincidiendo con la tramitación de una iniciativa legislativa popular que pide su prohibición en Cataluña.

El toreo parece tener los días contados en esta comunidad autónoma, cuyo Parlamento tomará en julio una decisión definitiva, si todo transcurre según los plazos previstos.

En plena polémica han abundado las referencias al "precedente canario", en referencia a la ley aprobada en 1991 que terminó con las corridas de toros en las Islas y que provocó, además, un importante giro en la carrera política de su principal impulsor, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, ahora diputado del Partido Popular y entonces en las Agrupaciones de Independientes de Canarias (AIC).

Controvertido, celoso defensor de la libertad de conciencia del político pese a la adscripción a unas siglas, Cabrera Pérez-Camacho confiesa que se sentiría satisfecho -a título personal, aclara, consciente de que no es la postura que mantiene su formación política- si el precedente que él mismo contribuyó a establecer en el Archipiélago resultara decisivo para que saliera adelante la abolición de la fiesta en Cataluña.

"Lo único bonito de las corridas de toros es la música. Lo demás es una salvajada", dice el hasta hace poco portavoz del Partido Popular en el Parlamento regional. Aunque se siente "español hasta la médula", a Cabrera le molesta que tienda a identificarse España y su cultura con esta tradición.

Esta condición de antitaurino ha hecho que en alguna ocasión se sienta una "rara avis" entre sus compañeros, y no sólo de partido. "Cuando era diputado en el Congreso y se discutían las corridas de toros pensaba: aquí sueltan un toro en el hemiciclo y salen 349 espontáneos, porque yo era el único que estaba en contra".

Pero la Ley Canaria de Protección de Animales no sólo derivo en la prohibición de los toros, sino en la de todos los espectáculos sangrientos con animales -peleas de perros o tiro de pichón-, con una excepción: las riñas de gallos.

Si el caso de los toros no suscitó excesiva polémica -la afición es casi inexistente en el Archipiélago y, cuando se aprobó la norma, hacía ocho años que no se celebraban corridas-, el de los gallos generó "muchísima oposición", recuerda el diputado del PP.

A caer de un burro

"Los criadores me pusieron a caer de un burro", recuerda Cabrera Pérez-Camacho, que tampoco encontró el apoyo de sus entonces compañeros de partido, de modo que, en el mismo pleno en que se rechazó la ley, presentó su dimisión y posteriormente dejó las AIC.

Tras una negociación, y en forma de iniciativa popular y del Gobierno, la ley volvió a la Cámara, pero sin contemplar la prohibición de las peleas de gallos, a las que sí se impuso una serie de restricciones: no podían recibir subvenciones o apoyos públicos, celebrarse en espacios propiedad de las instituciones ni permitir la entrada de menores de edad.

Pese a este fracaso a medias, Miguel Cabrera se reafirma en su postura. "Me sigue pareciendo una barbaridad, un espectáculo salvaje. Espero que con el transcurso de las generaciones termine desapareciendo. Es cuestión de tiempo. La juventud tiene más sensibilidad hacia los animales y la naturaleza".

Veinte años después, y en puertas de la más que previsible abolición de las corridas de toros en Cataluña, la accidentada lucha del diputado del Partido Popular por desterrar los espectáculos de sufrimiento animal está a punto de encontrar quien la continúe.