Las tensiones que en los últimos meses vienen sacudiendo el pacto de gobierno prometen sobrepasar el fin de esta legislatura y continuar generando diferencias entre nacionalistas y populares en la siguiente. El motivo de la contienda será la revisión de la Ley de Directrices y el resultado dependerá de la persuasión que logre el Partido Popular (PP) sobre Coalición Canaria (CC) para rebajar su rango legal que, ahora mismo, es más bien escasa, pues los nacionalistas rechazan de plano la idea.

El diputado y secretario de Organización del Partido Popular (PP), Manuel Fernández, acusa a las directrices -que entre otros aspectos incluyen una moratoria de camas turísticas- de tener paralizada a la Administración regional.

Pero el portavoz de los nacionalistas, José Miguel Barragán, las defiende y asegura que han servido para "modular" el crecimiento en una época en la que estaba "desbocado, especialmente en el ámbito turístico e inmobiliario".

"No me imagino cómo estarían los empresarios de esas actividades hoy día de no haber adoptado las directrices entonces", dice. Por eso mismo, CC es renuente a reformarlas. "En todo caso, pensaríamos en mejorarlas", matiza.

Eso sí, tras varios años de vigencia, los nacionalistas creen que ahora ya se puede evaluar cómo han evolucionado y qué cosas se podrían cambiar, "pero no plantear una revisión, sino un debate serio y sereno en el ámbito comunitario, con los agentes implicados, y ver si es necesario alguna modificación legislativa".

Pero el PP no está por suavizar la discusión ni dar rodeos. Fernández asevera que "hay que entrar en profundidad, con valentía y sentimiento de la realidad canaria, a la revisión de estas leyes y simplificarlas".

Por ello, el diputado popular anuncia que su organización creó una comisión interna para abordar la Ley de directrices en la que participan representantes populares de los cabildos con el fin de elaborar un documento que contribuya a su reforma y simplificación.

"Hay que coger el toro por los cuernos e ir al fondo de la realidad", reafirma Fernández. La Ley de directrices, insiste tal y como adelantó días atrás, debe ser un documento "orientativo, no condicionante, porque la planificación territorial cambia en el tiempo, igual que las necesidades de la población, por lo que no puede estar tan definida en el papel: los Planes Insulares de Ordenación Territorial (PIOT) deben ser más genéricos, y no tan detallistas como en la actualidad".

"Ha pasado un tiempo suficiente como para hacer una evaluación, pero siempre manteniéndolas dentro del rango legal. No planteamos rebajarlas de esa categoría", ataja categórico Barragán.

Además, añade el portavoz nacionalista, "En Canarias no tenemos la cultura de las políticas orientativas".

Al final, "la gente dirá que las directrices son sólo una recomendación y se las cargarán: no se puede recomendar lo que se sabe que hay que hacer y esperar que se haga por mera inspiración de promotores o de las propias administraciones implicadas. Tienen que tener el rango de fuerza legal para hacerla aplicable", remata.

Pero el problema es, según Fernández, que la legislación en esta materia es una de las más complejas (y abundantes) del país, lo que origina, a su vez, importantes dificultades. "Hay cuatro administraciones diferentes (estatal, autonómica, insular y municipal) que intervienen sobre el territorio de forma simultánea y hay varias leyes (la de directrices, el texto refundido de la Ley del Territorio, la de Espacios Naturales y todos los decretos que la desarrollan) que se superponen", explica.

Esto conlleva que en la Administración canaria todos los planes lleven "decenas de años de retraso": los generales, los insulares y los territoriales. Además, la modificación de cualquiera de ellos supone el cambio de los de jerarquía superior, "lo que termina por impedir el desarrollo de todo Plan General de Ordenación (PGO) de cualquier municipio".

La situación se traduce en una "paralización" de toda la planificación territorial de las Islas y de la Administración regional. "Si queremos que haya actividad económica, los planes deben estar claros y en vigor". "Las directrices surgieron como una fórmula para frenar el crecimiento, pero fueron contraproducentes y terriblemente complicadas tanto para el turismo como para el resto de las actividades que contempla", señala.

Otras prioridades

Pero el argumento no convence a Barragán. "Dudamos mucho que la reactivación económica dependa de la reforma de las directrices porque el problema ahora no son los impedimentos legales, sino la crisis", asegura.

Fernández es consciente de que para lograr la reforma que quiere su grupo primero hay que convencer a CC. "No será en esta legislatura, pero debe irse despejando desde ya para cuando iniciemos la próxima legislatura de un cambio que será complejo y afecta a otros aspectos legales".

Lo primero es tener una convicción política, "que el PP la tiene cada vez más, pero queremos que este mensaje lo vayan asumiendo el resto de las fuerzas políticas y que no jueguen políticamente con el tema, porque la paralización administrativa es la mayor queja que hay en Canarias".

Pero Barragán advierte de que ahora este asunto "no es una prioridad". No está en la agenda política nacionalista porque "ni la economía ni los principales problemas están en ese ámbito".