"Ya no hay de dónde sacar más dinero. Tenemos lo justo para terminar el año y, en algunos casos ni siquiera eso está claro, así que si se nos pide un nuevo esfuerzo económico lo único que podremos hacer es empezar a cerrar servicios y a despedir trabajadores", así de contundente se explicaba ayer el vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y alcalde de Santa María de Guía, Fernando Bañolas, al ser preguntado por la situación económica que están atravesando los ayuntamientos ante el recorte de fondos y el crecimiento de las solicitudes de ayudas sociales.

A juicio de Bañolas, los ayuntamientos canarios coinciden en que ya han hecho todo lo que estaba en su mano. "No hay un sólo municipio en el que no sea simbólico el presupuesto para Fiestas, Deportes y Cultura para poder priorizar la atención y el bienestar ciudadano. Sin embargo, en muchos casos no ha sido suficiente e incluso se están eliminando inversiones en obras y demás para hacer frente sólo a aquellas que sean urgentes o de reparación, pero poco más".

El ajuste presupuestario municipal comenzó en 2008, puesto que a mediados de ese ejercicio comenzaron a dispararse las solicitudes de ayudas sociales como consecuencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria y el consiguiente descalabro del empleo en el sector de la construcción, y se retiraron fondos del resto de partidas para garantizar la atención social.

En 2009 los recortes municipales afectaron fundamentalmente a los sueldos de los cargos públicos que quedaron congelados, y a los gastos de representación, dietas, publicidad institucional y nuevas contrataciones que desaparecieron.

En el presente ejercicio la austeridad ha obligado a bajar sueldos, a controlar al máximo los gastos fungibles y a no renovar los contratos que se van venciendo.

"No podemos aspirar a nada más que a mantener lo que hay, pero con menos dinero o más demanda no podremos conseguirlo de ninguna manera", aclara el responsable de la Fecam antes de sentenciar que son varios los ayuntamientos que ya planifican la eliminación de determinados servicios de jardinería, limpieza viaria diaria y demás.

Cabildos desbordados.- Al igual que los ayuntamientos, las instituciones insulares canarias están mirando al céntimo el gasto corriente, es decir, el coste de luz, teléfono, agua, etc. En el caso del Cabildo de La Gomera el recorte en gastos corriente alcanza cerca del 30% al igual que en los de El Hierro y Fuerteventura. En este último además ha ahorrado 1,8 millones de euros eliminando beneficios sociales para los trabajadores, cargos de confianza y todos los costes de publicidad y propaganda institucional.

En el caso de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, para mantener los recursos ya existentes de atención sociosanitaria y social se han producido recortes en todas las demás áreas y se ha prohibido la contratación o creación de nuevos servicios.

"Hemos tenido que eliminar los viajes de turismo social y varios programas de dinamización para poder mantener el resto de los servicios", confirma la consejera de Bienestar Social del Cabildo de Tenerife, Cristina Valido, antes de recalcar que el objetivo prioritario de la institución insular es que "no se quede ni una sola persona sin atender, al menos en las cuestiones más básicas".

Igualmente, los siete cabildos insulares coinciden en que cualquier remanente de Tesorería que se produzca a lo largo de este ejercicio pasará directamente a las partidas sociales, para intentar evitar que se tengan que suprimir programas o recursos.

El Gobierno se queda corto.- Por si todo esto fuera poco la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias confirmaba esta semana que desviará cinco millones de euros de otras partidas para garantizar las Prestaciones Canarias de Inserción (PCI). Es decir, que si bien a principio de año hizo el cálculo de que con algo menos de 17 millones de euros tendría suficiente para hacer frente a las solicitudes de ayudas básicas, en el mes de mayo se agotó el dinero para atender a los nuevos demandantes, teniendo que buscar fondos en créditos asignados al Instituto Canario de la Vivienda relacionados con la construcción de casas de promoción pública ya adjudicadas e iniciadas que sufrirán retrasos.

No obstante, la consejera del área, Inés Rojas, y el propio presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, han insistido en que la prioridad del Gobierno de Canarias es atender a las personas, sobre todo a aquellas que se puedan ver especialmente por la crisis y que corran riesgo de exclusión social y que las partidas para Bienestar Social no sólo no se recortarán sino que se fortalecerán y ampliarán para dar respuesta a toda la demanda, aunque para ello sea necesario suprimir otro tipo de recursos.