El Parlamento de Canarias acordó hoy tramitar el proyecto de ley de juegos y apuestas que, como novedad, regulará las apuestas para la lucha canaria y en el que los grupos resaltaron el consenso en su redacción, aunque el PSC pidió al Gobierno que elabore un estudio sobre la incidencia de este asunto en la ludopatía.

El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, presentó en la Cámara el texto elaborado por el Gobierno tras "un amplio proceso de consultas previas" con el sector, del que se han plasmado algunas demandas pero no "las contrarias a los intereses de los consumidores".

En el proyecto se incluye además una actualización del régimen de infracciones y sanciones y también la apuesta en la lucha canaria, que a juicio del consejero garantizará la financiación y por lo tanto la pervivencia del deporte vernáculo.

El portavoz del grupo Socialista, Francisco Hernández Spínola, afirmó que el Gobierno regional trae este proyecto de ley a la Cámara con un retraso "notable" porque en parte, supone una transposición de la directiva europea de servicios en el mercado interior, cuyo período de adaptación concluyó en diciembre de 2009.

Francisco Hernández Spínola pidió que en la tramitación del proyecto no se deje de lado los efectos que el juego y las apuestas pueden tener en tiempos de crisis en la ludopatía y por lo tanto, sus consecuencias en el ámbito familiar y social, un asunto que ni el Gobierno ni los otros grupos han tocado.

"Hubiese sido oportuno y conveniente que el Gobierno hubiera presentado un estudio sobre el impacto del juego y las apuestas en el incremento de la ludopatía en Canarias", señaló el portavoz socialista, quien confió en que este error se subsane y el Ejecutivo lo presente en las próximas semanas para introducir medidas paliativas en la tramitación parlamentaria.

También llamó la atención el portavoz sobre las cifras relativas a este asunto, como que en 2008 se jugaron 1.600 millones de euros en Canarias, donde hay 16.000 máquinas recreativas y siete casinos, el mayor número entre las comunidades autónomas.

Los ingresos tributarios por este concepto ascendieron el mismo año a 103 millones de euros y de esta cantidad, casi el 60 por ciento correspondió a las salas de bingo, el 35 por ciento a las máquinas y sólo el 6 a los casinos, añadió.

El grupo Socialista tiene una posición favorable "en términos generales" al proyecto pero presentará enmiendas para mejorar el texto en asuntos como el ámbito de aplicación, las fianzas, el régimen sancionador y el número de máquinas recreativas que se pueden instalar en cada establecimiento, afirmó su portavoz.

Con ello se refiere Hernández Spínola a la modificación de la restricción que establece un máximo de dos máquinas recreativas por establecimiento para ampliar esta cifra con las denominadas máquinas del tipo A, las que entregan premio en especie, pues a juicio del PSC, lo contrario es un corsé excesivo y podrían peligrar 350 puestos de trabajo.

El diputado popular Fernando Figuereo subrayó que con este proyecto se adapta la legislación autonómica a la realidad de las nuevas tecnologías y se modernizará la comercialización telemática de las apuestas, lo que a su vez contribuirá al incremento de los ingresos por tributos de la Comunidad Autónoma y a dar mayor seguridad a operadores y jugadores.

José Miguel González, diputado de CC, destacó que los canarios juegan una media de 771 euros por persona y por ello, subrayó, los juegos y apuestas tienen "trascendencia económica en la sociedad".

También destacó que el Parlamento ha cometido en ocasiones "errores" en cuanto al régimen sancionador de otras actividades al establecer sanciones tan altas que no resultan operativas, por lo que sugirió que en este caso, imponer multas de menor valor puede ser mucho más efectivo para corregir conductas fraudulentas.