La Comisión Parlamentaria de Gobernación y Justicia sirvió ayer para que el consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, evidenciara el desencuentro que existe con el actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en lo relacionado a la organización y gestión del personal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), pues, según las propias palabras del responsable autonómico, "tras haberle dado nuestra confianza al sustituto de Mariano Fernández Bermejo, ahora nos encontramos con que no asume los compromisos que se han alcanzado, al parecer por miedo a las presiones sindicales que ello conllevaría".
Ruano, que se mostró partidario de seguir negociando para tratar "de no volver a la casilla de salida en unas cuestiones que son de máxima importancia para la Administración de Justicia en España", insistió en que la puesta en marcha de la NOJ conlleva una serie de cuestiones prioritarias que, por el momento, el Ministerio de Justicia no se ha atrevido a poner en marcha.
"Son necesarios servicios comunes y eso conlleva cambios en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), en la gestión y movilidad de personal, en que las infraestructuras han de adaptarse, etc. Por eso, en los denominados acuerdos de Barcelona todas las comunidades autónomas solicitamos la cesión de las competencias en la selección, movilidad y promoción del personal", explicó y recordó que actualmente el 55% de la plantilla de Justicia de las Islas es interino por no contar con estas competencias.
"Las comunidades deseamos tanto un acuerdo, que incluso estamos de acuerdo en que se mantenga el carácter estatal de este cuerpo de trabajadores y que sea algo similar a lo que ya sucede con los docentes", señaló.
En este punto, Ruano reconoció estar "decepcionado" porque el Gobierno de España "no está asumiendo la responsabilidad que le corresponde para liderar la modernización de la Justicia" y recordó que hace una semana se alcanzó otro acuerdo entre todas las comunidades autónomas en el que, por unanimidad, se planteó a Caamaño que le dé un verdadero impulso al plan de modernización previsto para el periodo 2009-2012.
En este sentido, aseguró que "existe más receptividad respecto a esta problemática por parte del Consejo General del Poder Judicial que por parte del propio Ministerio".
Acerca de las novedades que el citado plan contempla en el servicio de justicia gratuito, dijo que inicialmente hubo "serias discrepancias" con el ministerio, pero dijo que ya se había llegado a un acuerdo en este punto.
Asimismo, afirmó que Cataluña y Madrid son las dos comunidades que más problemas tienen en este sentido, debido al esfuerzo que han tenido que realizar para asistir a la numerosa población inmigrante que llega a través de los aeropuertos, y recordó que "la justicia gratuita debe responder al principio de solidaridad y no de financiación de los colegios".
En esta coyuntura, el diputado del Partido Popular (PP) Carlos Ester compartió la preocupación del responsable autonómico opinando que "el Gobierno de España no quiere implicarse en el problema que sufren los juzgados" y manifestando que "el ministro sigue unas indicaciones de no colaboración porque el Partido Socialista no quiere ni le interesa la igualdad en España".
En este punto, la parlamentaria Eulalia Guerra afirmó no entender cómo el Gobierno canario se mostraba tan crítico con el Ministerio de Justicia, "cuando el Plan de Modernización cuenta con la aprobación de todas las comunidades autónomas y es valorado muy positivamente".
En respuesta a ambas intervenciones, José Miguel Ruano mantuvo que "la posición común de las comunidades en la mayoría de los aspectos sustantivos no ha sido atendida" y vaticinó una parálisis de las oficinas judiciales.
Irregularidades en las listas de interinos
Los representantes de los seis sindicatos integrantes de la mesa sectorial de Justicia denunciaron ayer que la Dirección General de Justicia del Gobierno canario actúa de forma ilegal al no respetar los criterios de la comisión de selección en el proceso de elaborar las listas definitivas del personal interino. Luis Piernavieja, representante de Intersindical Canaria y portavoz de todas las formaciones sindicales, aseguró que la actuación de Justicia "no tiene precedentes" y comentó que el retraso que se producirá en la elaboración de las listas puede provocar que en Lanzarote y Fuerteventura no haya sustitutos y que se abra un proceso judicial. Según Piernavieja, todas las personas afectadas por los fallos cometidos en la elaboración de las listas provisionales "tienen derecho a recurrir a la vía judicial", ya que mantienen que la empresa contratada para elaborar las listas no ha respetado los criterios de la Comisión de Selección sino lo que le ha ido diciendo la administración autonómica. Por su parte, la Consejería de Justicia emitió ayer un comunicado en el que insistía en que "la Administración de Justicia cumple escrupulosamente con las normas y trámites del proceso de selección del personal interino de la Administración de Justicia de Canarias, acordado en su día en Mesa Sectorial con los representantes sindicales".