El PSOE y el CiU anunciaron hoy en el Pleno del Congreso su rechazo a tomar en consideración la proposición de ley de Coalición Canaria sobre las salinas tradicionales de Canarias, cuyo objeto es dotar al producto de "un estatuto jurídico" que solucione "la inadecuada" reglamentación que atiende a su producción y comercialización, así como corresponder "las demandas de los agentes económicos interesados en el sector" y los intereses de los consumidores, que, según CC, no encuentran respuesta a sus necesidades en la legislación actual".

Durante el debate de la iniciativa, el PP, por su parte, se mostró favorable a su toma en consideración, aunque se mostró crítico con algunos puntos de la iniciativa. Igualmente, IU y PNV anticiparon que apoyarían su tramitación.

El diputado de Coalición Canaria José Luis Perestelo recordó que ésta es una medida que "establece las normas relativas a la producción y comercialización de la sal destinada a fines alimentarios", denominada como sal comestible, a las industrias alimenticias o a la utilizada como materia prima para industrias de higiene o de transformación de papel.

En este sentido, también señaló la necesidad de desvincular definitivamente el desarrollo de la salinas tradicionales canarias "del régimen general de las actividades industriales", puesto que la obtención de sal en Canarias por métodos tradicionales sigue "bajo la misma normativa de actividades industriales y bajo el mismo manto jurídico que la extracción de minerales como el hierro, los áridos y los hidrocarburos".

"Tal equivalencia no asume el carácter y la naturaleza de las salinas tradicionales, y su actividad sigue anclada en principios y normas preconstitucionales ampliamente superados por la doctrina moderna. El primer paso para su reconocimiento integral es obtener un estatuto jurídico propio para el producto de la sal y el desarrollo de su actividad, que se desvincule por completo de las actividades industriales", expuso.

Asimismo, Perestelo incidió en la propuesta de modificar el concepto de sal para la inclusión de las variedades que acrediten "un mínimo del 94%" de cloruro sódico, en su estado seco, en comparación con el nivel exigido por la legislación actual y que se establece "en el 97%".

"PREOCUPACIÓN" EN IU Y PP POR EL CARÁCTER GENERAL DE LA INICIATIVA

El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, expresó su "apoyo" a la tramitación de proposición de ley, aunque discrepó de su contenido "por las consecuencias profundas" que supondría "para el conjunto del sector" salino. Así, mostró su "preocupación" por "el propósito genérico de impulsar, a partir de esta medida parcial, una nueva regulación de la producción y de la comercialización de la sal en toda España" y que, "probablemente", tendría "consecuencias en el marco regulatorio de la Unión Europea".

"Si bien la exposición de motivos tiene como bien principal la legitima defensa y protección de las salinas tradicionales canarias, el articulado se centra en la producción de un nuevo estatuto jurídico para la sal comestible, sea cual fuere su procedencia, lo que parece más discutible y merece no sólo un estudio informativo, sino también legislativo, en el ámbito del Estado y de la UE", consideró Llamazares, que apuntó también el choque que se produciría entre la definición de sal propuesta por CC y la referida en el Código Internacional de Alimentos (Codex).

En las misma línea se expresó el diputado del PP, José María Ponce, quien mostró la disposición de su grupo a tomar en consideración la iniciativa. No obstante, Ponce criticó que CC proponga una reforma legal de ámbito nacional cuando, a su juicio, "no se tienen los mismos intereses en Canarias que en otros lugares y zonas productivas de España".

Dicho esto, recordó que, aunque la producción de sal en Canarias ronde las 10.000 toneladas, las Islas "no cubren su propio consumo" de sal y que ésta "se trae del exterior". Además, descalificó la intención de "rebajar las exigencias de calidad" en el nivel de cloruro sódico, puesto que "no parece prudente" si lo que se pretende es "mejorar las condiciones de las salinas artesanales". Así, refirió la necesidad de "mejorar, en vez de empeorar, la solución", por lo que consideró que "tomar en consideración la propuesta puede ser un avance en la definición de todas las dudas que presenta esta proposición".

CIU CREE QUE NO ES "UNA PROPUESTA CONVENIENTE"

El diputado de CiU Pere Macias aseguró que "la proposición no resulta conveniente", aunque su grupo comparta "la necesidad de proteger las salinas", porque "no se pueden proteger 10.000 toneladas", la cantidad producida anualmente en Canarias, si de esa forma "se pone en riesgo" la del resto de salinas españolas, que asciende a 4,5 millones de toneladas por ejercicio.

"Esta es una mala solución y CiU no va a dar su apoyo, ya que un buen objetivo debe tener también un buen instrumento. Los ciudadanos nos pagan para resolver los problemas con medidas adecuadas", dijo.

"NO SE PUEDE CONDICIONAR UNA ACTIVIDAD INDUSTRIAL"

Por último, el diputado del PSOE Hugo Morán manifestó que "una ley que mane de las Cortes, para preservar un sector, no puede condicionar una actividad industrial" que ocupe a alrededor de unos 1.000 trabajadores, sólo a través del empleo directo, que "verían peligrar sus condiciones de trabajo en el futuro si se presentase".

Así, y aunque se mostró de acuerdo con el título de la proposición y aseguró que el PSOE comparte "al cien por cien" los objetivos de la misma, anunció el rechazo de su partido a tomar en consideración el texto.