El Gobierno español defendió ayer ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) que las compensaciones a los expropiados por la Ley de Costas en el litoral español son "justas y equilibradas" ante las críticas de la mayoría de eurodiputados presentes.
La Directora General de Costas, Alicia Paz Antolín, compareció en la Eurocámara veinticuatro horas antes de que un grupo de peticionarios de toda España comparezcan para denunciar que han sido privados injustamente de sus propiedades en el litoral como consecuencia de la aplicación de la ley.
Los catorce peticionarios, la mayoría españoles pero también británicos y alemanes, denuncian la aplicación, a su juicio, abusiva de la norma en las Islas Canarias, la Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco, Asturias y Andalucía, entre otras zonas de España. La Ley de Costas de 1988 prevé la conversión en dominio público del litoral, lo que significa que los propietarios de las edificaciones existentes en un margen de cien metros a partir de la línea de costa dejan de serlo a favor del Estado y adquieren una cesión de uso por 60 años.