Simone Troller, investigadora de la División de Derechos del Niño de la organización internacional Human Rights Watch, ha elaborado el informe "En la trampa de la migración: Menores extranjeros no acompañados en Europa", donde precisa que el Gobierno de España "escurre el bulto" a través de las grietas burocráticas respecto a los niños de los cayucos que llegan a Canarias.
La investigadora deja claro que, en virtud del derecho internacional, "el Gobierno central tiene la obligación de que todos los niños dentro de su territorio puedan disfrutar de sus derechos, pero, cuando se transfiere la principal responsabilidad dentro de un país a las regiones (como sucede en España), las autoridades centrales pueden escurrir el bulto detrás de los mecanismos institucionales".
Troller recuerda que Canarias, "por circunstancias geográficas, es el primer punto de desembarco de los migrantes procedentes de África Occidental, Marruecos y el Sáhara Occidental, y vio cómo un millar de menores extranjeros no acompañados llegaban a sus costas en el año 2006".
Por este motivo, esta comunidad autónoma "se apresuró a establecer centros de emergencia en naves industriales y reabrió un centro de reforma cerrado previamente para albergar a varios centenares de niños. A continuación reclamó al Gobierno central que acogiera o redistribuyera a todos los menores menos 300, la capacidad máxima declarada por el Gobierno canario. El Gobierno central organizó y costeó el traslado de algunos niños a otras regiones, pero las llegadas continuadas hicieron que se mantuvieran las cifras en Canarias y muy pocas otras comunidades se ofrecieron para acoger a niños. Mientras Madrid retiraba gradualmente su asistencia, los centros de emergencia temporales y en condiciones por debajo de la norma se convirtieron en la residencia permanente de los niños. Incluso después de que Human Rights Watch presentara a Madrid sus observaciones de casos de maltrato y el riesgo continuado para los menores en estos centros, el Gobierno central sostuvo que no podía hacer nada ante la situación. El Gobierno canario ofreció una respuesta similar, señalando que estos centros se cerrarían en cuanto el Gobierno central aceptara hacerse cargo de los niños. La pelota siguió pasándose de uno a otro mientras los niños seguían desprotegidos", indica textualmente el informe.
En opinión de HRW, "el hecho de que se apliquen dos conjuntos de leyes a los menores extranjeros no acompañados (ministerios de asuntos sociales y de interior o inmigración) implica que al menos dos organismos oficiales sean responsables de ellos. Querría pensar que esto pudiera conllevar el doble de asistencia y protección, pero la realidad es que la atención a los niños se escurre a través de las grietas burocráticas".
Troller afirma que es positivo que la UE "quiera abordar la situación de estos niños en el Programa de Estocolmo, su estrategia quinquenal sobre asilo y migración, empezando por un plan de acción en 2010". En este sentido, indica que la legislación de la UE "no se ocupa de las necesidades de los menores que no presentan nunca una solicitud de asilo -posiblemente la mayoría- lo que incluye a los que no pueden presentar una demanda debido a los obstáculos prácticos o legales".
Insiste en que la UE debe proceder con cautela y asegurarse de que, antes de adoptar un plan de acción, dedique un tiempo a entender las complejidades de la migración infantil e informarse partiendo de las investigaciones existentes.