El Grupo Parlamentario Popular presentó ayer una Proposición No de Ley para que la Cámara regional inste al Gobierno de Canarias a realizar un estudio de la Ley del Territorio y otras disposiciones legislativas que analice la posibilidad de "redistribuir" o "cambiar" las densidades de población por hectárea, de tal forma que muchas viviendas que según los planeamientos actuales se encuentran fuera de ordenación pasen al régimen común.

De esta manera, los populares pretenden ofrecer una solución "más satisfactoria" a los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria "mediante la correspondiente modificación puntual de las leyes afectadas".

Manuel Fernández, secretario general del Partido Popular, explicó que la idea es hacer una modificación puntual de las densidades que fijó la Ley del Territorio - 400 habitantes por hectárea y 12.000 metros cuadrados de construcción por hectárea- y establecer una excepción para aquellas zonas urbanas que ya se encuentran consolidadas, como es el caso de las dos capitales canarias.

En el caso de la capital tinerfeña, este aumento de densidad permitiría que, a través de una modificación posterior del recién aprobado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), muchas de las viviendas que han sido catalogadas como "fuera de ordenación" pasaran a formar parte del régimen común.

En cualquier caso, y pese a la polémica que se ha generado en la capital tinerfeña, Fernández insistió ayer en que las viviendas catalogadas como fuera de ordenación "no tienen problemas", y justificó la iniciativa parlamentaria de su grupo para dar "tranquilidad" a los vecinos afectados, "puesto que la desinformación ha generado una gran alarma".

El también diputado apuntó que la iniciativa de su grupo no había sido aún consensuada con Coalición Canaria (CC) -socio de gobierno-, aunque confió en el apoyo de los nacionalistas para sacarla adelante.

Con una opinión totalmente contraria se manifestó el abogado e impulsor de la Plataforma anti PGO de Santa Cruz, Felipe Campos, quien consideró que la PNL del PP "es un auténtico escándalo y una vergüenza absoluta". A juicio de Campos, con esta iniciativa el PP "viene a reconocer que hay un problema, y si lo hay no se entiende por qué han venido diciendo, junto a CC, que tal problema no existía".

"Hay un problema, que es que el fuera de ordenación limita la propiedad de las personas, y lo lógico es que no se aprobara el Plan General de Santa Cruz hasta que se resolviera", indicó el abogado, quien resaltó que esta propuesta del PP "pone de manifiesto lo que todo el mundo sabía: que el fuera de ordenación era un secreto que se guardó durante muchos años y que se quiso ampliar con este PGO".

Por su parte, el perito tasador de bienes inmuebles, agente de la propiedad inmobiliaria y abogado Manuel Morales apuntó que la medida del PP "llega tarde" y consideró que es "reconocer un error garrafal". La PNL implicaría "una forma de reconsiderar el asunto, de ver que este tema no era tan fácil como se imaginaba", subrayó Morales, quien recordó que las viviendas o inmuebles fuera de ordenación "tienen sus consecuencias, entre otras, que no pueden ser hipotecadas".