El portavoz del Ejecutivo de Canarias, Martín Marrero, aseguró ayer tras la celebración del Consejo de Gobierno que la Administración todavía carece de una postura definida acerca de la solicitud de la moratoria demandada por los cabildos en relación a los fondos que deben devolver correspondientes a 2008 y 2009. En cambio, aseguró que existe "voluntad política" para estudiar cómo deben pagar su deuda las corporaciones insulares. Como se recordará, el martes los siete presidentes de las Islas anunciaron que no piensan devolver esos recursos, que rondarán unos 150 millones de euros.
"En un plazo corto las aguas volverán a su cauce", aseguró Marrero antes de aseverar que el Gobierno "ni apuesta ni promueve" la crispación entre las administraciones y recordó que el conflicto por los planes sectoriales, cuando el Ejecutivo alegó el incumplimiento de Gran Canaria para justificar un recorte presupuestario que, al final, no se produjo, "se resolvió en 15 días mediante el diálogo".
Hay que conversar
Marrero apuntó que tanto el Ejecutivo regional como los cabildos "tendrán que sentarse a conversar con calma y en el foro adecuado" las reivindicaciones planteadas por los cabildos, que tomaron la decisión de oponerse a devolver la liquidación negativa de los recursos derivados de la recaudación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) "porque no tienen disponibilidad para hacerlo" y por la "desesperada" situación financiera por la que atraviesan.
El razonamiento de Marrero recoge, casi en los mismos términos, la petición que los cabildos vienen haciendo desde hace meses para abrir un diálogo y estudiar cómo afrontar el déficit que arrastran desde hace años, agravado con la crisis, pero la Administración no pone fecha para hacerlo.
Tampoco tiene fecha la creación de una subcomisión técnica que tendrá que estudiar tanto la situación financiera de las corporaciones insulares como el estado de las competencias que han recibido por transferencia o delegación del Ejecutivo regional.
Aunque se trata de un compromiso asumido por la Administración autonómica en 2006, el Ejecutivo se limita a mantener en agenda su creación. "Mal sería un Gobierno sin prioridades", justificó el portavoz gubernamental al explicar que "las circunstancias son las que son" y que así se explica el retraso. "Dar un plazo para su creación llevaría al error", admitió Marrero.
En relación al pago de la sentencia por el "caso de Montaña Rayada", Marrero justificó la aminoración de más de 10 millones de euros de los fondos del Servicio Canario de Salud (SCS) y de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el hecho de que estos son los departamentos que menor esfuerzo presupuestario realizan en este asunto. Además, Marrero aseguró que la prestación de los servicios básicos está garantizada.