El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, aseguró ayer que si finalmente la Comunidad Autónoma tiene que hacer frente al pago de la indemnización de 102 millones de euros por el "caso Tebeto", los servicios públicos esenciales se verán afectados.

"En todas las áreas del Gobierno, excepto aquellas partidas que tengan financiación afectada -con recursos comprometidos en convenios con otras administraciones-, deberán ser retenidos créditos para hacer frente al pago de los 102 millones de euros de indemnización a la empresa Canteras Cabo Verde S.A.", titular de los derechos de explotación mineros en Montañetas de Tebeto, afirmó Soria en el transcurso de la Comisión de Presupuestos del Parlamento de Canarias.

No obstante, el vicepresidente incidió en que el Ejecutivo agotará "todas las vías jurídicas posibles" para no tener que hacer frente a esa indemnización, que considera desproporcionada, o en todo caso para que el pago sea fraccionado.

"Todas las fuerzas políticas deben estar unidas en este asunto, porque el pago de la indemnización dolerá a todos los canarios y a mí especialmente, como responsable de la hacienda y de aplicar los recortes", añadió.

"No estamos ante un problema procedimental, sino ante un problema de fondo", apuntó el consejero, quien hizo hincapié en que la indemnización a la que se enfrenta el Gobierno es similar al coste del Gran Telescopio de Canarias.

Soria precisó que si la justicia lo dictamina, "el Gobierno de Canarias pagará", pese a que es una indemnización que repercutirá en todos los ciudadanos y a que el origen del problema data de decisiones tomadas por el Ejecutivo canario en 1993, cuando gobernaba el Partido Socialista.

Exige papeles a Pérez

"Aunque el Gobierno no está de acuerdo con la decisión del TSJC al admitir la demanda de indemnización, no va a poner en cuestión ni la independencia ni la profesionalidad de un juez, porque acusar al magistrado de prevaricación no es lo más acertado", indicó, en referencia a las últimas afirmaciones del portavoz parlamentario del PSC, Santiago Pérez.

Después de la comisión, Soria insistió en que si Pérez tiene pruebas de la supuesta prevaricación del juez, debe llevarlas a juicio, y si no, debe retractarse.

El vicepresidente recordó que las actuaciones pendientes ante las últimas resoluciones del TSJC contrarias al Ejecutivo son un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que podría tardar tres o cuatro años y que no interrumpe la ejecución del pago, y un recurso contra la decisión judicial de rechazar el fraccionamiento en el pago de los 102 millones. Precisamente, Soria manifestó ayer su confianza en que el TS dé la razón finalmente al Ejecutivo.

Al respecto, precisó que la reducción presupuestaria se añadiría a la que ya proyecta el Gobierno para 2010 de 302 millones de euros. Además, aseguró que el Ejecutivo no puede endeudarse más para hacer frente a la indemnización, "porque en 2010 ya se va a alcanzar un déficit del 2,5% del PIB y porque los mercados de bonos están saturados", y advirtió de que no habría problemas de tesorería para hacer frente a la indemnización "en estos momentos, pero quizás más adelante sí".

Por su parte, el diputado socialista Sergio Roque garantizó que su grupo hará todos los esfuerzos y buscará todos los resquicios para no pagar la indemnización, pero criticó la "estrategia fallida" del Gobierno de Canarias en los tribunales que culminó con el fallo condenatorio.

"Ante una reclamación de 92 millones, a la que se han añadido 11 millones de intereses, hay que pensárselo mucho antes de basar toda la estrategia en que los derechos de explotación eran nulos", sentenció Roque, quien aseguró también que cada día que pasa sin pagarle a Canteras Cabo Verde cuesta a Canarias 11.000 euros de intereses. "Desgraciadamente éste ya no será el Gobierno de las personas, sino el de Tebeto", ironizó.

En cambio, José Miguel Barragán, de CC, manifestó que el Gobierno regional está actuando bien para no pagar o en todo caso que el pago sea fraccionado. Además, precisó que si finalmente hay que pagar, el dinero será devuelto si el Supremo da la razón. Mientras, el diputado del PP Manuel Fernández insistió en que si se hubiera presentado una alternativa a la tasación de los derechos que planteó el demandante por 92 millones de euros, hubiera significado un reconocimiento de ese derecho. "La preocupación ahora debe ser evitar el pago", añadió.