La respuesta de los tribunales a la demanda de homologación salarial de los profesores canarios llegará antes de lo esperado. Una reclamación presentada por Comisiones Obreras está ya a la espera de sentencia, que podría hacerse pública antes de que finalice el año. Así lo anunció ayer el secretario general de enseñanza del sindicato, José Ramón Barroso, quien advirtió de que el fallo "entra en el fondo de la cuestión" y, por lo tanto, determinará si la ley de homologación de 1991 sigue vigente.

CCOO ha interpuesto cuatro reclamaciones ante los tribunales con este motivo. Aunque se calculaba que la primera en ser examinada fuera la presentada en septiembre de 2005, cuya vista está fijada para enero de 2010, ha sido una demanda posterior, formulada en enero de 2007, la que ha llegado antes. Una tercera será vista el 1 de julio de 2010, mientras que la cuarta aún no tiene fecha.

En cuanto a la posibilidad de que, aunque se produzca un fallo favorable a los intereses del profesorado, éste pueda ser declarado no ejecutable debido al elevado montante que alcanza la deuda del Gobierno regional con los docentes, José Ramón Barroso admitió que "ese temor existe", dado que la situación económica actual es "complicada". No obstante, advirtió de que "si se demuestra que existe el derecho a la homologación, hay que abonarlo", de forma que la sentencia podría aplicarse en los términos y con los plazos que los sindicatos pacten con la Consejería de Educación, siempre que ésta se avenga a negociar. Si no fuera así, CCOO exigiría la ejecución de la decisión judicial.

Según los cálculos del sindicato, sólo en lo que va del año 2009 la Administración educativa adeuda a los profesores de las Islas cantidades que oscilan entre los 404 y los 440 euros, en función de la categoría laboral. También destaca Barroso las cantidades que, a su juicio, han dejado de percibirse por el rechazo de los docentes al preacuerdo con la Consejería, firmado por CCOO y cinco organizaciones más y al que se opusieron otras cuatro (STEC, EA-Canarias, FETE-UGT y UCPL).

En este sentido, Comisiones Obreras no renuncia a la posibilidad de que la homologación se produzca también con el profesorado del resto de España -y no sólo con los funcionarios de la Comunidad Autónoma-, en la línea del preacuerdo promovido por el sindicato. "Los trabajadores nos empiezan a dar la razón", comentó José Ramón Barroso.

Al margen de las reclamaciones presentadas por los sindicatos, los docentes han interpuesto demandas a título individual que, según Barroso, han sido rechazadas por los tribunales debido a la existencia de "una causa mayor", la que defiende CCOO.

Respecto a la decisión del comité por la educación pública -integrado por STEC, UCPL y UGT- de desconvocar las últimas medidas de presión para lograr la homologación -el "trabajo a reglamento" y la negativa a realizar actividades extraescolares-, Barroso la saludó como "positiva", pero auguró que "recuperar la imagen del profesorado y el sistema educativo público llevará años".