La parlamentaria socialista Francisca Luengo manifestó ayer que "espera" que el Tribunal Supremo (TS) dé finalmente la razón al Gobierno de Canarias en el denominado "caso Tebeto" porque, de lo contrario, afrontar el pago de 101 millones supondría un "estrangulamiento" para las arcas autonómicas.
Así lo manifestó ayer la diputada del PSC, después de que se conociese que el empresario y dueño de Canteras de Cabo Verde S.A., Rafael Bittini, ha conseguido el aval que le pedía el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para llevar a cabo la ejecución de la sentencia que condena al Gobierno regional a indemnizar al citado empresario por impedirle explotar Montañetas de Tebeto, en Fuerteventura.
Como se recordará, la sentencia del TSJC -que está recurrida ante el Supremo por el Ejecutivo- obligaba al Gobierno canario, en el momento de su publicación, a pagar 92 millones de euros al empresario, que con los intereses han ascendido a 101 millones.
"Deseo por el interés de todos los canarios que el Supremo dé la razón al Ejecutivo autónomo para que Rafael Bittini tenga que devolver los 101 millones", aseguró Francisca Luengo, quien, no obstante, remarcó que la defensa jurídica por parte del Gabinete regional "se ha llevado muy mal".
Luengo apuntó que el aval para esos 101 millones que Bittini ha conseguido por parte del banco británico Lloyds no incluyen los intereses que se puedan generar hasta que finalmente se pronuncie el Supremo, y que cifró en 3 millones de euros al año. Por ello, advirtió de que si el TS falla a favor del Gobierno regional, éste tendría garantizados esos 101 millones, pero los intereses derivados hasta tanto tendría que reclamarlos por otra vía, pues no se incluyen en el aval de Lloyds.
Sin embargo, si es el dueño de Canteras de Cabo Verde S.A. el que gana el contencioso con la Administración regional, no sólo ingresaría los 101 millones a los que asciende la indemnización, sino que tendría el derecho de cobrar también los intereses generados hasta ese momento.
"Estamos ante una situación de difícil comprensión jurídica, material y económica", resumió la diputada socialista, quien sentenció que si el TS da la razón a Rafael Bittini "serán los débiles lo que paguen la indemnización". "Seguro que el Gobierno no va a cerrar la televisión, la radio o a eliminar la Policía Canaria, sino que el dinero saldrá de la Dependencia, la Sanidad y la Educación", sentenció.
Aval confirmado
Sobre el aval del banco Lloyds se manifestaron ayer fuentes cercanas a Rafael Bittini, quienes confirmaron que el banco británico ha avalado los 101 millones que pedía el TSJC.
"Conseguir el aval ha sido difícil, y en la época en la que estamos mucho más, pero al final hay bancos que han entendido que la razón nos asiste", argumentaron.
"Nos hemos limitado a cumplir la sentencia, a defender nuestros intereses ante los tribunales, que hasta ahora nos han dado la razón", apuntaron las fuentes, que recordaron que son más de once los pleitos que puso el Ejecutivo a Canteras de Cabo Verde S.A. y que en todos ha ganado la empresa.
"La callada por respuesta"
Las mismas fuentes insistieron en que el Gobierno regional ha dado "la callada por respuesta" a la continuas llamadas a negociar formuladas por parte del propietario de Canteras de Cabo Verde S.A. "No ha habido ni un sólo acercamiento, ni una contestación", subrayaron.
También en relación con estos aspectos se manifestó Francisca Luengo, quien, por un lado, consideró "sospechoso" que haya sido un banco extranjero, y no la banca española, el que haya concedido el aval teniendo en cuenta la situación financiera mundial, y, por otro, criticó que el Ejecutivo no se haya sentado a negociar con Bittini.
Este periódico intentó ayer, sin éxito, que algún miembro del Gobierno canario manifestara su opinión al respecto pero no fue posible.
Como se recordará, el pasado mes de enero el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario, José Manuel Soria, aseguró que el Ejecutivo no contemplaba otra posibilidad que ganar el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo por el denominado "caso Tebeto".