El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, se mostró hoy en el pleno del Parlamento canario dispuesto a eliminar el término deuda histórica, si los socialistas se suman a la petición de las Federaciones Canarias de Municipios y Cabildos (Fecam) y (Fecai) de instar al Estado a que abone en los presupuestos generales de 2010, unos 3.500 millones de euros fruto del retraso en la compensación por incremento de población, el incumplimiento de los artículos 95 y 96 del Régimen Económico y Fiscal (REF) así como la devolución de la parte del IGIC entregada desde el año 2000 hasta el 2009 como compensación al extinto ITE.

"Es verdad que se ha pasado de una situación en la que no se reconocía ninguna deuda histórica a que el 100% de municipios y cabildos lo reconocen. ¿Es una cuestión de semántica? Se puede llamar deuda acumulada o de otra, pero lo inventó el Gobierno de Andalucía. Ningún problema. ¿Estamos de acuerdo en el fondo? Si estamos de acuerdo en el concepto no vamos a tener ningún problema. En cuanto a la cuantía, en la reunión de Fecai y Fecam estábamos todos de acuerdo y como tiene la tendencia a boicotear, alguien puede pensar que se lo puede saltar, pero fue adoptado por la Fecai y la Fecam. ¿Puede plantearse la estimación sobre la cifra? Son 1.770 millones, ¿se quiere otro periodo? Se puede discutir, la cifra que se ha de plantear es la estimada por los cálculos del Gobierno de Canarias", dijo Soria en su intervención ''tendiendo la mano'' al portavoz socialista, Santiago Pérez.

Este en su intervención observó que se había hablado de deuda histórica --tal y como la denominó sin tapujos el portavoz de CC, José Miguel Barragán, en su intervención-- cuando la pérdida de financiación por habitante obedecía "al cumplimiento de un precepto legalmente aprobado". "Es razonable que se haga una compensación, sí, pero no es una deuda". En cuanto a los artículos del REF plantean obligaciones al Estado pero "es una recomendación". "Se ha de exigirlo, nuestra impresión es que no y lo mismo ocurre reconocido con el IGIC debe plantearlo y es una exigencia legal en clave de deuda nuestra impresión es que no, pero si quieren contar con el apoyo lo tienen pero no para la reclamación legal porque es trucada" aseveró el diputado socialista que reconoció, no obstante que es razonable que Canarias acuda al estado como una sólo voz.

En este sentido, Soria le recordó que los artículos del REF son un mandato legal que según le había dicho en su momento el propio ex ministro de Economía, Pedro Solbes, no debía estar, pero "existe" y por tanto la Comunidad Autónomo puede reclamar la compensación de los fondos de media que se dan en el Estado, además de los destinados a las infraestructuras.

"El artículo 95, leo textualmente, dice que las inversiones públicas se distribuirá de tal manera que no sea inferior al promedio de la comunidad autónoma, excluidas las inversiones del hecho insular. Esto es un mandato , me parece de gravedad que un parlamentario canario ose poner en cuestión un mandato sobre un precepto de mandato legal, por qué no se pone en cuestión otras leyes de otras autonomías. Me parece de verdad de las cuestiones más graves que he escuchado en esta cámara. Oí a Solbes que es un precepto, nunca debería haber estado, pero mientras esté hay que cumplirlo", aseveró el también presidente del PP en Canarias

BLOQUE CANARIO DE FINANCIACIÓN

Soria dijo además que el reparto de la devolución del IGIC debería hacerse con las entidades locales como un Bloque Canario de Financiación en el que el 58% vaya a los cabildos y estos repartan a los ayuntamientos y el 42% pase a las arcas regionales. Asimismo recordó la importancia del criterio de población "aprobado en todas las comunidades autónomas" señalando que en Canarias el crecimiento había sido considerable en los últimos años. "Pedimos al PSOE que se sume y que no intente boicotear los acuerdos con entidades locales que lo representan", concluyó Soria.

La intervención del consejero fue fruto de un petición de su compañera de partido Rosa Rodríguez que solicitó que explicara el acuerdo con la Fecam y la Fecai sobre financiación. En este sentido José Manuel Soria indicó que de una parte se trata de unos 1.400 millones por la compensación poblacional y unos 1.600 en concepto de devolución del IGIC, es decir, unos 3.500 millones dispuestos todos a solicitarlos al Estado para el presupuesto del próximo año.