El Ejecutivo regional pagó el pasado ejercicio 2008 un total de 241.349 euros por el arrendamiento de oficinas destinadas a la Radiotelevisión Canaria (RTVC) en varios puntos de las Islas, un gasto que se elevó a 700.716 euros en el caso del alquiler de los edificios que llevó a cabo Gestión del Medio Rural de Canarias S.A., una empresa pública que pertenece a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Así se desprende de algunos de los documentos enviados por el departamento regional de Relaciones con el Parlamento y de Participación Ciudadana al diputado del PSC Francisco Hernández Spínola, quien había solicitado esta información a través de una pregunta en la Cámara regional.

En el primero de los casos, el de la RTVC, sólo a Mapfre Guanarteme S.A. el Gobierno autónomo abonó en 2008 la cantidad de 39.867 euros, otros 34.188 al Colegio de Arquitectos de Canarias y 36.080 euros más a Lanzabuilding S.L.

Respecto al segundo asunto, el del Gestión del Medio Rural de Canarias S.A., el pago más elevado se hizo a Merca-Las Palmas, S.A., al que el Gobierno tuvo que pagar el pasado ejercicio 84.192 euros, mientras que a Arca Canarias, S.L., se le abonaron 83.624 euros, y a Laimo Canarias, S.L., 78.987 euros. Los pagos a Mercatenerife, S.A. y a la Sociedad Cooperativa Insular de La Gomera, en cambio, ascendieron a 30.223 y 37.512 euros, respectivamente.

No quedaron aquí, no obstante, los pagos que por concepto de alquiler tuvo que realizar el Ejecutivo que preside Paulino Rivero en 2008. Así, llaman la atención también los 1.060.944 euros que se abonaron por el arrendamiento de los inmuebles que ocupa el Servicio Canario de Salud (SCS), o los 189.787 euros que el Gobierno abonó por el alquiler del edificio del Instituto Canario de Estadística (Istac) y del archivo y almacén de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

279.238 para IDEO

También destacan entre los arrendamientos que se pagaron con dinero público el de las dependencias del Instituto Canario de la Vivienda (ICV) en la plaza de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, por las que se abonaron 131.937 euros.

Resaltan, además, los más de 279.238 euros que el Gobierno desembolsó por el arrendamiento de edificios destinados a la Fundación Canaria de Juventud IDEO. En este caso concreto, y según figura en la información remitida por la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Ejecutivo regional, sólo al Ayuntamiento de Gáldar se le abonaron 90.000 euros, 40.557 a la asociación Acafam y 15.609 a Sabor a Tienda, S.L.

En la misma línea, llaman la atención los 138.962 euros que se tuvieron que destinar para sufragar el alquiler de la desde de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan) -adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias-, ubicada en la calle Leoncio Rodríguez y cuyo titular es Gestur Tenerife, S.A.

Estos gastos se suman, como se recordará, a los 1,15 millones que el Ejecutivo debió abonar por el alquiler de las sedes de Gesplan y el Servicio Canario de Empleo (SCE), que este diario adelantó en su edición del pasado 15 de marzo.

"Despilfarro y derroche"

Sobre este gasto se manifestó ayer el diputado socialista Francisco Hernández Spínola, quien remarcó que teniendo en cuenta la situación de crisis por la que atraviesa la Comunidad Autónoma de Canarias, este conjunto de gastos pone de manifiesto que el "despilfarro y el derroche" es una constante del Gobierno de Canarias en un momento en el que se exige de los poderes públicos austeridad.

"Por un lado van los discursos oficiales de los miembros del Gobierno", dijo el parlamentario, "y por otra va la realidad, y la realidad se constata en los hechos y los hechos son que hay un dispendio y una falta de planificación".

"Lo correcto es que la Administración debe tratar de concentrar en edificios propios los servicios públicos que se prestan y reducir a la mínima expresión los alquileres", sentenció Spínola.

En este sentido, el diputado socialista señaló como responsable de la falta de una política al respecto -que incluya un plan de la reestructuración y el coste de los inmuebles- al vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, puesto que estos alquileres dependen de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, un área que está incluida en la Consejería que dirige Soria.