El subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Batista, ha ordenado la expulsión del ciudadano colombiano R. D. R., que lleva más de ocho años viviendo en Tenerife, a pesar de que existe un auto judicial de suspensión cautelar, tal y como demuestra el abogado del inmigrante, Plácido Alonso Peña.

Este letrado denuncia que la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno ha dictado una resolución de expulsión "con datos falsos". Peña puede demostrar con documentación que los argumentos esgrimidos por la Policía de la Comisaría de Playa de Las Américas no son ciertos.

El ciudadano colombiano consiguió regularizar su situación en el año 2005, pero el año siguiente no renovó su permiso.

"Entró en contacto con la policía porque la secretaria de Violencia de Género de los Juzgados del Sur de Tenerife avisó a la policía de que tenía a un indocumentado en un juicio por malos tratos, del que fue absuelto", manifestó el abogado, "por tratarse de una denuncia falsa", indicó Peña, quien aseguró que la absolución judicial resuelve que no existió el maltrato.

R. D. R. lleva años conviviendo con una española en régimen de pareja de hecho. Sin embargo, la policía le retira el pasaporte y le exige presentarse en el Juzgado el 1 y el 15 de cada mes. En el último control lo dejan detenido y le dicen que va a ser expulsado. R. D. R. solicita llamar a su abogado "y la policía se niega", asegura Peña, que se enteró de todos estos acontecimientos por la novia de R. D. R.

Además, este colombiano tiene arraigo laboral en España, puesto que cotizó a la Seguridad Social. El letrado aportó ante el juez la vida laboral de R. D. R., junto con el resto de la documentación que demuestra la falsedad de los argumentos policiales.

Para colmo, R. D. R. puede acreditar más de cinco años de permanencia en España (arraigo) y el pasado miércoles recibió un correo electrónico de la Oficina de Extranjería de Santa Cruz para tramitar su residencia por arraigo y "tiene una oferta de empleo a día de hoy". Este ciudadano es profesor de baile de categoría en el Sur de Tenerife e, incluso, ha colaborado con un ayuntamiento sureño. Al enterarse de la detención de su cliente, Peña se presentó en la Comisaría de Playa de Las Américas para pedir el habeas corpus, "pero salen dos policías de paisano, que se niegan a identificarse y no me recogen la solicitud". Según Peña, "¿desde cuándo la policía puede detener y obstaculizar la documentación de un abogado? Estas ilegalidades no se pueden consentir en un Estado de derecho. Nos quejamos de la falta de asistencia letrada en Guantánamo, pero en la Comisaría del Sur actúan de forma semejante".

Peña denuncia que esos policías -a los que conoce perfectamente a pesar de no haberse identificado- "han obstaculizado la tutela judicial efectiva" con su cliente.

Lo curioso es que R. D. R. fue expulsado el viernes a Colombia, con un auto judicial que paralizaba su repatriación, donde el juez lo cita para mañana.