La Cámara regional trabajará durante los meses de verano que están reservados para el descanso de los diputados. Lo hará en julio para celebrar un pleno que solicitó el Gobierno autonómico al que quiere llevar las modificaciones de la Ley de la Policía Canaria y que los grupos parlamentarios quieren emplear también para aprobar la reforma del Reglamento de la Cámara regional, entre otros asuntos. Además, aunque hasta ahora septiembre se mantiene como un mes inhábil, la comisión de estudio sobre las desapariciones ha manifestado su voluntad de emplearlo para adelantar sus labores.

Aparte de estas iniciativas puntuales de los partidos, el Parlamento canario impulsa una modificación de sus normas internas que busca "ganar" dos de los cuatro meses inhábiles con que cuenta ahora para celebrar las sesiones ordinarias.

Se trata del plazo de descanso más largo entre todos los parlamentos autonómicos que, de media, detienen su actividad tres meses al año.

El presidente de la Cámara regional, Antonio Castro, aclaró el pasado mes de marzo que esa circunstancia no equivale a "trabajar menos" porque, entre otras cosas, el Archipiélago celebra dos plenos parlamentarios cada mes en promedio, frente al único que efectúan la mayor parte de las comunidades autónomas.

Limitaciones estatutarias

Esta situación provocó que, en un principio, surgieran propuestas para aprovechar la modificación reglamentaria a fin de introducir una ampliación del periodo hábil en las Islas, pero la iniciativa chocaba de manera frontal con el Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), que establece que el Parlamento se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias que, en el caso de los periodos ordinarios, comprenderán 120 días.

Por su parte, el reglamento parlamentario vigente establece que la Cámara regional se reunirá anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones, de 120 días cada uno, que van de marzo a junio y de octubre a enero, ambos inclusive.

Además, señala esta misma norma, que fuera de dichos períodos, la Cámara sólo podrá celebrar sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente, de una cuarta parte de los miembros de la Cámara o de dos grupos parlamentarios. En la petición deberá figurar el orden del día que se propone para la sesión extraordinaria solicitada.

Pero como apuntó Antonio Castro, la Mesa de la Cámara, de acuerdo con la Junta de Portavoces, puede acordar la habilitación de los días necesarios para cumplimentar los trámites que posibiliten la celebración de una sesión extraordinaria fuera del periodo de sesiones para la tramitación de los asuntos que, por su naturaleza, demanden una "urgente" solución. Para hacerlo, el acuerdo de la Junta de Portavoces debe ser adoptado por una mayoría que represente, al menos, dos tercios de la Cámara. Finalmente, recoge el reglamento parlamentario, que la Presidencia convocará la sesión extraordinaria si se le pide, de conformidad con el EAC y de acuerdo con el orden del día que le haya sido propuesto.

El diputado del Partido Socialista Canario (PSC), Julio Cruz, que ha intervenido en la propuesta de la reforma reglamentaria, explica que la ampliación de los periodos ordinarios de las sesiones requiere, obligatoriamente, una reforma del EAC, lo que parece difícil de lograr debido a las discrepancias entre los grupos del Gobierno y la oposición en otros temas muchos más polémicos, como la modificación del sistema electoral, entre otros aspectos.

Los grupos, conscientes de la necesidad de cambiar la norma actual, han propuesto mantener los dos periodos ordinarios de sesiones de 120 días cada uno, si bien se celebrarán de febrero a mayo y de septiembre a diciembre, ambos inclusive, con lo que ya no será febrero, sino enero, el mes de descanso parlamentario, aparte de junio, julio y agosto.

Por este motivo, y siempre que la reforma reglamentaria quede cerrada de forma definitiva entre todos los grupos este mismo mes y sea aprobada en el pleno extraordinario que se celebrará en la primera semana de julio, la comisión de estudio sobre las desapariciones podría trabajar en septiembre sin necesidad de contar previamente con la habilitación de ese mes, que desde este verano formaría parte integral del segundo periodo ordinario de sesiones anual.

Pero la modificación más relevante que contempla la reforma se refiere a la posibilidad de habilitar junio y julio para realizar actividades parlamentarias en función de la programación de los trabajos a desarrollar por parte de la Mesa y tras oír la Junta de Portavoces. De nuevo, Julio Cruz destaca que se trata de una "indicación" expresa dirigida a la Mesa "que no se preveía antes" equiparable a una habilitación "permanente" en todo junio, en el que se trabajará "como cualquier mes" y "buena parte" de julio.

Lo que se mantendrá inalterado tras la aprobación de la reforma del reglamento es el carácter inhábil "a todos los efectos" de agosto, en el que no se podrá efectuar, en principio, actividad alguna. Por el contrario, el descanso previsto para enero, que sustituye al que ahora corresponde a febrero, podrá suspenderse para habilitarlo.

Estos cambios de calendario obedecen, entre otros motivos, a que Canarias es una de las pocas comunidades autónomas que contempla este receso de principios de año fuera de enero, tal y como hacen las Cortes Generales, con lo que se busca sincronizar los tiempos de trabajo en el Archipiélago con los del resto del Estado.

Así, los nuevos periodos ordinarios de sesiones en el Archipiélago coincidirán con los fijados por los parlamentos de Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León, Andalucía, La Rioja, Madrid, Murcia, Aragón, la Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, Cantabria y Extremadura.

Las cámaras regionales de estas otras quince autonomías contemplan la posibilidad de convocar las diputaciones permanentes para decidir la conveniencia de celebrar alguna comisión o pleno extraordinario.