La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) celebra este mes sus 20 años de existencia. Desde 2005, la preside Rafael Medina Jáber, que se muestra satisfecho por los logros alcanzados, pero también admite que la institución tiene como "asignatura pendiente" llegar a los ciudadanos comunes, que, en buena medida, no tienen claro a qué se dedica ni son conscientes de la importancia de su labor.

-Esta semana, la ACC celebra sus 20 años. ¿Qué balance puede hacer de su trayectoria?

-La institución ya se ha consolidado y se ha convertido en un órgano institucional que cumple sus funciones de forma aceptable, bastante bien. Está consolidada al punto de que estamos reflexionando sobre unos posibles giros en el modelo de control y si ya estamos en ese nivel de reflexión, significa que ya tiene una consolidación importante como institución.

-La principal función de la ACC es fiscalizar las cuentas de la Administración canaria. ¿Qué respuesta se produce en el Ejecutivo autónomo cuando se detectan irregularidades en las cuentas? ¿Hasta qué punto se genera malestar?

-La etapa en la que yo he sido presidente no he observado reacciones negativas ante la labor de la ACC. Aparte de controlar al Gobierno canario, esa función también se extiende a todas las administraciones canarias, lo que incluye a los cabildos, ayuntamientos, empresas públicas y participadas, así como organismos autónomos y municipales. Es una función integral que abarca todo el sector público canario. Aparte de fiscalizar la legalidad y la regularidad de las cuentas, pretendemos dar un giro al modelo con la incorporación del control a la gestión de la Administración desde la perspectiva de la eficiencia, la eficacia y la economía: es lo que se denomina la evaluación de las políticas públicas. Se trata del gran objetivo de futuro, que ya lo estamos trabajando. De hecho, la ACC ya tiene varios trabajos terminados o en curso de evaluación de políticas públicas en materia de turismo, políticas sanitarias, patrimonio municipal del suelo, la implantación de los acuerdos de Boloña y el grado de preparación del sector público canario para la implantación de la ley sobre accesibilidad electrónica.

-Para fiscalizar hay que ser independiente, además de transparente. ¿Cómo garantiza la ACC ambos aspectos?

-La propia forma de escoger al presidente, en una elección cualificada dentro del Parlamento, en vez de hacerlo por mayoría simple, ayuda a obtener un mayor consenso entre las personas que se seleccionan. Ya después está la actitud de cada uno y el grado de profesionalidad que ejerza en su trabajo. Además, las normas que regulan el proceso auditor de fiscalización, la metodología, la documentación requerida, la gente que interviene en el control y todas las leyes específicas llevan a la institución a dar una opinión técnica, con evidencias.

-Aparte de esa función tradicional, desde 2006 la ACC impulsa la evaluación de la calidad de la gestión pública a la que se refirió antes mediante el Proyecto Avance. ¿En qué consiste y qué dificultades ha supuesto su implantación?

-Es una iniciativa conceptual, una idea que se instrumenta a nivel presupuestario y en acciones. Supone una reorientación del modelo tradicional de control de la fiscalización al añadir una opinión sobre el gasto público desde la perspectiva de la gestión de la eficiencia. No es programa de inversiones específico, sino un cambio del modelo. Agrupa una serie de objetivos que buscan que la ACC entre en la nueva dimensión del control de la gestión con más elementos y posicione la institución en su independencia para reorientarnos como un referente en la Comunidad Autónoma.

-Uno de los objetivos del Proyecto Avance es establecer políticas de comunicación. ¿Cree que el ciudadano común sabe lo que hace la ACC y entiende la importancia de su labor?

-No. Las pruebas que hemos realizado nos dicen que no llegamos a la calle, sólo a círculos determinados a los que afectan a nuestro trabajo. Entre otras cosas, esto es así porque no somos una Administración de contacto con el ciudadano, sino que trasladamos nuestro trabajo vía Parlamento y a través de los medios de comunicación. De hecho, en las evaluaciones del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias sobre las instituciones de las Islas nos ponen casi a la cola, pero ya estamos trabajando para hacer más comprensible nuestro trabajo al ciudadano de la calle, al tiempo que mantenemos la transparencia. Un "tocho" de libros contables es transparente, pero la información que contiene no la entiende nadie, y trasmitirlo de forma comprensible es la asignatura pendiente de la ACC para llegar a la gente.