El Diputado del Común no ha entregado a sus trabajadores el recibo de sus nóminas desde el mes de julio de 2008, alegando fallos en el sistema informático, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a los trabajadores, cuando la emisión de ese papel es obligatorio por cualquier entidad pagadora, y es necesario para realizar determinados trámites, aunque también puede constituir un delito contra el derecho de los trabajadores, según fuentes sindicales consultadas.

Sin embargo, desde el pasado mes de febrero, los trabajadores de la institución canaria empezaron a recibir las nóminas por correo electrónico, con el agravante de que eso no tiene validez oficial, por ejemplo a la hora de solicitar un préstamo o financiar un coche, por tratarse de una fotocopia.

Además, a través del ordenador, tampoco figuran las cantidades devengadas por el IRPF.

A día de la fecha, el sistema informático de nóminas del Diputado del Común sigue sin actualizarse.

Los Juzgados de Santa Cruz también están tramitando una denuncia de acoso laboral en el Diputado del Común, que está actualmente en trámite, tal y como confirmaron a este periódico fuentes judiciales.

Otro dato a tener en cuenta es que a una ex trabajadora del Diputado del Común le ha costado un año obtener un certificado de servicios prestados en la citada institución, llegando su queja hasta el Congreso de los Diputados, aunque también había manifestado su protesta ante el Parlamento canario, sin conseguir nada y tuvo que recurrir al Gobierno central.

Causa extrañeza que, precisamente en la oficina encargada de defender los derechos y libertades de los ciudadanos, se produzcan estas irregularidades.

Este periódico adelantó en su edición del pasado martes algunos de los incidentes que han sucedido en las últimas semanas y que han llevado al máximo responsable de la institución a abrir dos expedientes disciplinarios, aunque ese dato resta importancia al hecho de que Alcaide haya cesado a un asesor tras haber denunciado la presunta falsedad documental. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el asesor es un cargo de confianza y el Diputado tiene la potestad de prescindir de sus servicios.