El Diputado del Común, Manuel Alcaide, cesó a un asesor, el pasado 14 de abril, después de que días antes esa persona presentara una denuncia, tanto en la institución como en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, por una presunta falsificación de un documento público, según ha sabido EL DÍA de fuentes judiciales.

La presunta falsificación del documento, al que ha tenido acceso EL DÍA, consiste en que M. E. D. F., que sigue trabajando en el Diputado del Común, presentó una certificación de que había prestado sus servicios seis años y medio en un ayuntamiento del norte de la Península, con el fin de cobrar los trienios. Pero, entre otras presuntas irregularidades, ese certificado no contiene ningún sello de registro de entrada ni de salida del consistorio cántabro.

Según las fuentes consultadas, los certificados de cualquier ayuntamiento tienen que llevar el visto bueno de alcalde y el del secretario, junto con el nombre y apellido de los dos al lado de su firma. En cambio, el documento que se ha denunciado como presuntamente falso, y que ya está siendo investigando por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, carece de estos datos.

Asimismo, todos los certificados que salen de cualquier consistorio tienen que ser numerados y deben figurar en el libro de registro del ayuntamiento que los emite, donde se precisa la fecha de entrada y salida, con un extracto de lo que dice el escrito y su destinatario.

Sin embargo, existen algunos certificados que no tienen el sello de registro, pero se trata de documentos que se obtienen de forma mecanizada y poseen en la parte inferior una banda magnética con una inscripción en la que se precisa que es un documento oficial registrado en el ayuntamiento de donde procede, y no es el caso del que figura en poder del Diputado del Común.

Una vez que formuló la denuncia por este hecho, la secretaria general de la institución, que dio el visto bueno a ese documento, presentó su dimisión.

Estas irregularidades quedarán de manifiesto ante el letrado del Parlamento Diego Martínez de la Peña, que está tomando declaración en estos días a todos los trabajadores del Diputado, aunque la causa de la citación se debe a que Alcaide ha abierto un expediente disciplinario a dos personas por insultos e injurias.

Sobre estos hechos, todos los trabajadores del Diputado declararon el pasado 23 de marzo ante el letrado Andrés de Souza Iglesias, jefe de servicio de Entidades Jurídicas, dependiente de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias.