El aumento de la esperanza de vida ha determinado que cada vez haya más centros especializados en la atención de los mayores, ya que en muchos casos sus familias no los pueden atender personalmente. Sin embargo, este problema social ha hecho que se agudice la picaresca y que sean muchos los que pretendan hacer negocio con la desesperación de las familias, ofreciendo servicios e instalaciones que no se ajustan a las exigencias de la ley. En este sentido, el Gobierno de Canarias durante el pasado año realizó más de 500 inspecciones en centros de todo el Archipiélago, ordenando el cierre de 12 residencias y abriendo expedientes sancionadores a otras nueve.

"En la mayor parte de los casos los propietarios, cuando son apercibidos de que están en situación de ilegalidad, deciden cerrar la residencia voluntariamente. Realmente cuando insisten en continuar con la actividad y no introducen las mejoras necesarias para cumplir con la norma, es cuando tenemos mayores problemas, y es en esos casos cuando tenemos que determinar la apertura de expedientes sancionadores que obligan al pago de multas que oscilan entre los 15.000 y 30.000 euros, además de denunciar el caso ante el Ministerio Fiscal para que abra un proceso judicial", explica la viceconsejera de Bienestar Social, Natividad Cano.

Ante la situación de crisis económica y la probabilidad de que se abran nuevos centros que no reúnen las condiciones mínimas de espacio, alimentación, ratio de mayores y personal especializado, la Consejería de Bienestar Social ha reforzado los equipos de inspección con el fin de supervisar las instalaciones que ofrezcan servicios de geriatría o gerontología.

Estos equipos multidisciplinares están compuestos por médicos, abogados y trabajadores sociales y actúan en todas las islas.

"No se avisa nunca de que va a haber una inspección para que así el equipo pueda conocer la situación del centro tal y como está", explica Cano, que recuerda que son las denuncias que ponen los familiares las que, en muchos casos, facilitan esta importante función de control.

"Desde que alguien conozca alguna situación sospechosa es bueno que la ponga en conocimiento de los servicios sociales municipales o incluso que se ponga en contacto con la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, porque muchas veces se abren residencias sin ningún tipo de permiso y es complicado poder saber que están funcionando si no hay nadie que nos ponga sobre la pista", explica la responsable de Bienestar Social, que matiza que "cuando un centro se cierra, las personas que recibían ese servicio no se quedan desamparadas, porque nos encargamos de buscarles otro centro en los tres meses siguientes".

Respecto a la aplicación de la Ley de Dependencia, Cano insiste en que "en lo que se refiere a las residencias de mayores de Canarias la ley es más suave que el decreto 63/2000 del Gobierno canario, que establece unos criterios más exigentes sobre calidad y garantías de servicio".

En este punto, la viceconsejera reconoció que "faltan plazas para poder dar respuesta a la demanda, pero no sólo en residencias, sino también en servicio de ayuda a domicilio, centros de día, etc., aunque los recursos previstos para que aumenten durante este año por el Gobierno canario no se verán afectados por los recortes propios de la crisis económica".