El segundo Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria al que se enfrenta mañana y pasado Paulino Rivero como presidente del Gobierno regional pone de manifiesto que algunas de las promesas que realizó en marzo de 2008 no se han cumplido. Como justificación tiene encima una crisis que, aún no siendo responsabilidad suya, explicaría, según los socios del Gobierno, que se hayan dejado a un lado otros aspectos importantes de su política para centrar los esfuerzos en combatir esta situación económica actual.

Pero el Gabinete que dirige Rivero llega tocado de varios lados. La gestión de áreas como Turismo o Empleo no satisface siquiera a miembros del propio partido del presidente, Coalición Canaria. Desde el grupo parlamentario, su portavoz, José Miguel Barragán, planteó el pasado viernes que de ser él el presidente, quizá ya habría hecho cambios en su organigrama.

De entrada, Rivero prometió en marzo de 2008 reducir la tasa de paro al 6,5 por ciento para 2013, un objetivo cuya consecución comenzó con mal pie en plena efervescencia de la crisis y que ha elevado en estos momentos el desempleo en las Islas al 22 por ciento. Esta cifra ha desatado todas las alarmas y sitúa a la Comunidad canaria en las primeras posiciones autonómicas en porcentaje de parados.

Los grupos que respaldan al Gobierno -CC y PP- le pidieron al presidente un plan de medidas contra la crisis, presentado durante el segundo semestre de 2008, entre las que destacaba la bonificación al combustible. Las medidas no han sido suficientes, como el propio Ejecutivo ha admitido al asegurar que el presidente canario anunciará otras nuevas en el Debate de este año.

Ni Policía Canaria, ni Ley de Participación Ciudadana, ni satisfacción plena en los resultados de las políticas educativa y sanitaria, a pesar de que se han cumplido varios compromisos... Son algunas de las pruebas no superadas, al menos en el plazo que se marcó Rivero en el anterior debate, en marzo de 2008.

Debate descafeinado

Por contra, su gran promesa se ha llevado a cabo, aunque con resultados discutibles: sacó a la calle la reforma del Estatuto de Autonomía y, para ello, abrió un debate social para implicar a colectivos de muy diversa índole, mediante charlas y conferencias a lo largo y ancho de la geografía insular. Pero las cotas de autogobierno en el Archipiélago y sus consecuencias para una comunidad ultraperiférica han pasado un tanto desapercibidas en un marco de crisis generalizada en el que la mayor preocupación ciudadana está en no perder el empleo, quienes aún lo conservan, y por ende no formar parte de la gran familia de 227.000 personas que engrosa las listas del paro. Y para los que ya no tienen empleo, el mayor quebradero de cabeza reside hoy día en conseguir llegar a fin de mes.

Seguridad y ciudadanía

Rivero no tiene aún los primeros agentes de la Policía Canaria en la calle, como aseguró en marzo de 2008, pero ya están convocadas las pruebas de oposición para los primeros 50 agentes de la escala básica. La seguridad ciudadana, prioridad indiscutible del Gabinete de Rivero, ha tenido que ceder puestos de importancia a cuestiones más urgentes, como la citada crisis y sus efectos en las economías más débiles.

Tampoco ha logrado el jefe del Ejecutivo tener lista la tan cacareada Ley de Participación Ciudadana con la que se presentó en su discurso de investidura, hará dos años el próximo mes de julio. Ni siquiera ha entrado aún en el Parlamento el texto legal cuando en las propuestas de resolución se pidió un impulso al aún hoy anteproyecto de ley para que pudiera empezar a tramitarse en el primer semestre de este año.

Pero además, diversos colectivos ciudadanos han criticado ese doble rasero del presidente para afirmar que aboga por la participación ciudadana y, a continuación, rechazar iniciativas legislativas populares como la de la Federación Ecologistas en Acción que, con el aval de 45.000 firmas y el objetivo de poner freno al crecimiento turístico, no obtuvo el respaldo siquiera para iniciar su tramitación en la Cámara. El Gobierno ya tenía su propia ley al respecto, se justificó.

Sanidad y educación

Las políticas sociales, aseguró entonces Rivero, serían el eje central de su actuación. "El Gobierno de la gente", su eslogan de investidura, puso de manifiesto su intención de volcarse en los aspectos de corte social, aunque en la práctica la oposición socialista ha asegurado de forma cansina que en absoluto el presidente ha tomado esa dirección.

Rivero se empeñó en que la educación fuera una de las patas principales de su política social. Para eso anunció una batería de medidas en pro de la calidad del sector. La mayor parte de ellas se han puesto en marcha, pero sus resultados o la forma en que se han aplicado se han cuestionado por la comunidad educativa, principalmente por los sindicatos que, en este último año, han mantenido una dura lucha por la homologación salarial del profesorado, manifestada en prolongadas jornadas de huelga, que parece ganar por ahora el Gobierno.

En Sanidad, aseguró la inversión de 30 millones de euros en dos planes de lucha contra las listas de espera sanitarias. Y a pesar de que esta promesa se ha cumplido, la oposición ha acusado al Gobierno de haber "maquillado" las cifras.

Se comprometió también Rivero a tener listo en 2010 un nuevo concurso de energía eólica que elevara a 1.025 megavatios la potencia limpia para inyectar en la red eléctrica. Aunque el actual concurso se está resolviendo -faltan aún las islas de Gran Canaria y Tenerife-, desde el Gobierno informaron de que aún hay tiempo para convocar un nuevo concurso, a pesar de que la resolución del actual se haya demorado más de lo previsto.

Aunque Rivero no mencionó ni una sola línea de la moratoria turística en su discurso, este asunto ha arrastrado una gran polémica en estos 12 meses. La Ley de Medidas Urgentes para la ordenación territorial y del turismo se tramita actualmente en la Cámara. Sus inicios no fueron precisamente buenos, tras la dimisión del director de la Agencia Canaria de Lucha Contra el Cambio Climático, Faustino García Márquez, quien renunció a su cargo después de elaborar un informe demoledor contra la normativa que defendía el Gobierno canario.

La oposición socialista, por su parte, ha puesto su empeño en conseguir el consenso en la política sobre el territorio y, tras anunciar una fallida enmienda a la totalidad para que el Gobierno retirara el proyecto de ley, los grupos que apoyan al Ejecutivo y el PSC están ahora en un callejón sin salida frente a ese consenso mientras la norma legal se tramita en estos momentos en la Cámara.

Tareas para el Gobierno

En el capítulo de las propuestas de resolución, el Parlamento aprobó en el Debate del año pasado solicitar al Gobierno del Estado financiación para los sistemas ferroviarios de Gran Canaria y Tenerife, siendo este último el más adelantado pero sin ficha financiera.

Sin ejecutar también está el Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, tal y como pidieron nacionalistas y populares en una de sus propuestas de resolución del año pasado. No obstante, el Gobierno no ha abandonado ese expediente, pero trabaja muy lentamente en su desarrollo.

Y así, con estas luces y sombras, más las segundas que las primeras, Rivero se enfrenta esta semana a su segundo discurso en el que deberá plantear nuevas ideas que convenzan, al menos, a los grupos que lo apoyan. Pero en estos tiempos difíciles, esperanzar a los ciudadanos, por los que dice trabajar su Gobierno, es ya harina de otro costal.