La Junta de Personal del Área de Salud de Gran Canaria, máximo órgano de representación de los trabajadores de la sanidad pública en la Isla, denunció ayer que el Gobierno de Canarias ha desviado 1.119 millones de euros en conciertos sanitarios con entidades privadas desde 1999, que generan listas de espera en centros públicos que afectan a 38.000 pacientes debido a "intereses ocultos" del Ejecutivo "conservador de Coalición Canaria y Partido Popular, que usan el dinero de la sanidad pública para descapitalizarla en manos de empresarios cercanos".
Así lo manifestó en rueda de prensa en la capital grancanaria el miembro de la Junta de Personal, Bernardo Medina, acompañado por el secretario y el presidente de la Junta, Alejandro Ramírez y José Alfaro, respectivamente, que han denunciado ante la Inspección de Trabajo la "vulneración de la legislación vigente" por parte de la Administración Sanitaria Canaria, con la que "no existe diálogo ni negociación" alguna, al tiempo que denunciaron "fraude de ley en contratos eventuales".