La idea del Gobierno de Canarias de repartir alimentos donados por los supermercados y que hayan sobrepasado la fecha preferente de consumo ha sido mal recibida en muchas instancias, menos, seguramente, entre los posibles beneficiarios. Resulta sorprendente que las críticas al Ejecutivo por esta iniciativa hayan sido tan inmediatas y que procedan, más que de la oposición política, de sectores relacionados con la asistencia social y hasta del propio partido del presidente canario, como ha sido el caso del senador José Luis Perestelo.
Que el Gobierno autónomo se proponga, como una fórmula más de ayudar a los canarios con mayores dificultades para subsistir, repartir alimentos es mal vista desde sectores empresariales (no todos), desde algún sindicato, desde una organización de consumidores y, lo más sorprendente, desde Cáritas. Lo que pretende hacer el Gobierno de Canarias no es nuevo: los bancos de alimentos existen desde hace decenios, gestionados por ONG, y hay un ayuntamiento en La Gomera que ya reparte excedentes de los supermercados a escala municipal. Entonces, ¿a qué vienen tantas y tan raudas críticas por todos lados? Cada una de ellas trae su argumento, aunque todos podrían tener su respuesta, es decir, la solución al inconveniente que plantean: desde la necesidad de una logística de reparto adecuada, hasta los potenciales peligros de tipo sanitario. Más difícil es responder a quien descalifica con términos como "disparate" y echa mano del consabido argumento de que hacen falta medidas serias, como si dar comida fuera una broma o excluyera cualquier otra actuación. Más difícil es saber qué quiere decir Perestelo con eso de que no le gusta la idea de su Gobierno. ¿Está pensando en cuestiones de imagen? ¿Tal vez en qué pensará el turismo?
El Gobierno canario no ha hecho algunas cosas bien al anunciar su idea del reparto de alimentos. Para empezar, debería haber demostrado la necesidad de tomar las riendas en una función que ya realizan las ONG. No dar estas explicaciones hace sospechar que el Ejecutivo, más que aportar una solución, quiere capitalizarla, sensación que se acrecienta por el empeño del presidente Rivero de aparecer como paladín de la iniciativa, cuando podía haberlo hecho perfectamente su consejera de Bienestar Social. Al margen de estas objeciones, lo que parece esconderse tras las críticas al Gobierno son, más que otras cosas, celos, peleas políticas y desinterés por implicarse en una operación costosa sin beneficios a cambio.