El viceconsejero de Industria y Energía, Juan Pedro Sánchez, anunció ayer que se cambiará uno de los criterios técnicos previstos para el concurso de la energía eólica tras atender un recurso de un aspirante de La Palma. El PSC, por su parte, consideró que las bases han sido objeto "de tráfico jurídico". A través de este concurso, el Gobierno prevé adjudicar 440 megavatios de potencia eólica en cada unos de los seis sistemas eléctricos independientes de Canarias.

El criterio que se variará afecta a la distancia entre generadores, que ha suscitado recursos de varios aspirantes excluidos del concurso, ya que en una primera instancia la comisión técnica encargada de evaluar las ofertas primaba el que no se solapasen las superficies de los futuros parques eólicos.

Para la diputada socialista Francisca Luego esto "sorprendió a los promotores en su buena fe y en su confianza legítima hacia la Administración", y consideró "inadmisible" el que una persona "como director general diga una cosa y como presidente de la comisión, otra", dijo en alusión a Juan Pedro Sánchez.

El viceconsejero replicó que "la transparencia y la claridad de este concurso es máxima: no recuerdo que haya habido antes un concurso tan transparente", dijo, y atribuyó el hecho de que se haya recurrido a que los promotores tienen "tanta información que luchan e intentan que se les adjudique hasta el final".

Sánchez defendió "públicamente" la honradez de las personas involucradas en el concurso "y que sufren ataques injustificados contra su integridad como funcionarios de la Comunidad autónoma, que tienen una notable trayectoria y que realizan su trabajo evitando numerosas presiones externas".

Aseguró que ha habido retrasos derivados del elevado número de expedientes y su complejidad, así como de los errores cometidos por los aspirantes en la documentación, lo que llevó "a un laborioso proceso de revisión de cada una de las 575 solicitudes".

El viceconsejero admitió que el Gobierno se equivocó al calcular el tiempo necesario para resolver el concurso, pero no así en su fórmula administrativa.

Por su parte, Francisca Luengo dijo que el concurso "ni es transparente, ni claro, ni objetivo, y las bases están diseñadas de una manera general e inconcreta, lo que tiene una carga de subjetividad que da lugar a arbitrariedades y parcialidad". Por eso pidió la dimisión de Juan Pedro Sánchez como presidente de la comisión técnica porque, a su juicio, "engaña a los promotores" y manipula la información, y se escuda "sin miramientos en los funcionarios para hacer este fiasco de concurso, un desastre que acabará en los tribunales".