La Junta de Personal Docente no universitario de la provincia de Las Palmas inició ayer los trámites legales para demandar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias "ante la falta absoluta de negociaciones y la grave vulneración que ello supone de la legislación actual y de los derechos fundamentales de los docentes canarios".
Así lo explicó tras una concentración ante la sede de la Consejería el portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Canaria (STEC-IC), Fernando Pellicer, que anunció su coordinación "con la Junta de Personal de Tenerife para plantear una posible convocatoria de movilización ante esta vulneración".
"Desde junio de 2008 no se convoca ninguna mesa sectorial y en este periodo se han publicado en Boletín Oficial de Canarias normativas que afectan directamente y modifican las condiciones laborales del personal que por Ley el Gobierno está obligado a llevarlas a negociar con los representantes sindicales", manifestó el portavoz sindical.
Según Fernando Pellicer, esta situación afecta a unos "12.000 docentes" y "como mínimo está vulnerando gravísimamente la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el estatuto básico del empleado público".
Para el representante de STEC-IC,esta situación tiene graves repercusiones, porque "impide el cumplimiento del derecho inalienable de los trabajadores de la enseñanza de negociar sus condiciones laborales con la Administración educativa".
Los sindicatos canarios de la educación reclaman desde hace meses la convocatoria de la mesa sectorial para negociar asuntos que afectan a las condiciones laborales del profesorado. A juicio de estas organizaciones, el Gobierno ha trasladado estas cuestiones a otros foros que, en la teoría, no disponen de capacidad de negociación, caso de la mesa por la calidad de la educación.