Los recursos mineros sobre los que mostraron interés las empresas Cabo Verde y Cantería de Arucas en Montañetas de Tebeto (Fuerteventura) no eran los mismos, según las tesis de la diputada socialista Francisca Luengo, por lo que era compatible la explotación de ambos. De hecho, la sentencia del TSJC por la que se condena al Gobierno canario a abonar 92 millones de euros a Cabo Verde habla de dos secciones diferentes. Mientras el permiso de investigación "Chantal 23" concedido a Cabo Verde en 1982 se refería a la sección C (bloques de piedra ornamental, traquita), la concesión directa de explotación "Carmen 37" a Cantería de Arucas y que posteriormente recurrió Cabo Verde se refería a la sección A (piedra molida, traquita).
Sin embargo, estos dos recursos mineros se hallaban en la misma zona. En este sentido, la sentencia del TSJC (352/2008) recoge que en julio de 1993 se ordenó la terminación del expediente de concesión directa de explotación "Carmen 37", con cancelación del mismo, por considerar que los terrenos no eran francos (aquellos que pueden ser concedidos libremente por el Estado para la industria minera), pues esas cuadrículas estaban incluidas en terrenos afectados por el permiso de investigación "Chantal 23".
En cualquier caso, con esta explicación Luengo quiere desmontar las tesis de CC y PP que afirman que el origen de todo este polémico caso, que ha desembocado en la indemnización de 92 millones de euros, reside en que el Gobierno socialista de 1993 dio una concesión directa a Cantería de Arucas (8 de enero), veinte días antes de cancelar (28 de enero) el permiso de investigación que, por un año, tenía Cabo Verde desde 1982.
Aunque Luengo admite como error administrativo que se tenía que haber realizado un procedimiento de compatibilidad sobre esos recursos, añade que en absoluto esas dos órdenes de 1993 dieron pie a la indemnización, pues ya en 1998 quedó claro que Cantería de Arucas no tenía derecho a esa concesión directa de explotación. El origen reside, insistió la diputada socialista, en la orden de 2004 por la que el entonces consejero de Industria, Luis Soria (PP), autorizó a Cabo Verde la explotación de Tebeto, una zona protegida por el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura de 2001 y que prohibía cualquier actuación al respecto.