El informe definitivo de la Audiencia de Cuentas sobre la gestión realizada por Guillermo García al frente de Radiotelevisión Canaria (RTVC) entre 2007 y 2011 ha marcado un antes y un después en el ente público. Organizaciones sociales, formaciones políticas y sindicatos piden con vehemencia responsabilidades políticas al presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, responsable de la llegada a la dirección de RTVC del exlocutor de radio.

Con el objeto de analizar dicho documento y definir si hay motivos suficientes para que Guillermo García dimita o sea destituido como director general de RTVC, EL DÍA sentó esta semana en su mesa de debate a Javier Galván, del sindicato CSIF; Samuel Toledano, secretario general de la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC); Manuel Marrero, de Intersindical Canaria; Jaime Mujir, de Comisiones Obreras Canarias; José Pérez Ventura, Coordinador Insular de Izquierda Unida; y Antonio de la Guardia, de Unión Progreso y Democracia (UPyD). Ni Coalición Canaria (CC) ni PSOE aceptaron la invitación para estar en la mesa de debate. El Partido Popular envió una nota de prensa.

Fue Javier Galván quien rompió el hielo y lo hizo poniendo en valor al personal de RTVC, que ha sufrido despidos que se podían "haber evitado" si se hubiera hecho una buena gestión de los dineros públicos. Galván se mostró sorprendido por que la Audiencia de Cuentas no haya remitido su informe ni al Tribunal de Cuentas ni a la Fiscalía Anticorrupción y avanzó que el CSIF ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para estudien el informe y, si procede, lo eleven al Ministerio Fiscal. "Hay datos de posibles delitos. Las normas están para cumplirlas y, en este caso, no se han cumplido", sentenció Galván, quien consideró que hay razones suficientes tanto para que dimita Guillermo García como para que sea destituido. "Este hombre no está capacitado para llevar el ente adelante", concluyó.

En esta línea, Antonio de la Guardia dijo que la responsabilidad de lo ocurrido en la VII Legislatura en RTVC no es solo de Guillermo García, sino también del presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, y de los consejeros que formaron parte del Consejo de Administración entre 2007 y 2011.

El representante de UPyD denunció el "daño impresionante" que se le ha hecho a las empresas del sector audiovisual de Canarias, pues se contrató no siguiendo los trámites que exigen la ley. "Se han hecho contrataciones a dedo", incidió De la Guardia, quien hizo hincapié en el caso de Videoreport Canarias, empresa a la que se adjudicaron los servicios informativos en detrimento de Socater.

Consideró De la Guardia que el Gobierno debe dar "explicaciones" en sede parlamentaria, y confió en que los partidos con representación en el parlamento -CC, PSOE, PP y NC- sean lo suficientemente coherentes con los ciudadanos y denuncien el caso. A su juicio, Guillermo García "ya tenía que haber dimitido".

En este punto, José Pérez Ventura, de IU, remarcó que el informe de Audiencia refleja "la crónica de una gestión nefasta y presuntamente corrupta, anunciada". A juicio del dirigente de izquierdas, el origen de las responsabilidades que ahora se tienen que depurar "hay que situarlas a principios de 2007", cuando fue nombrado García como director general de RTVC. "No solo tiene que ser destituido Guillermo García, sino que esto salpica de forma personal y directa a Paulino Rivero", dijo Pérez Ventura.

El coordinador insular denunció que en los últimos años la Televisión Autonómica se ha convertido en "altavoz" de CC, es decir, no ha funcionado como un medio de titularidad pública al servicio de todos. "Se ha censurado a aquellos sectores que han manifestado sus críticas a los posicionamientos del Gobierno de Canarias", subrayó.

En este sentido, Pérez Ventura remarcó que el informe de la Audiencia de Cuentas confirma que se ha usado a la Televisión Canaria "como un cortijo particular", en el que existen dudas razonables de "tratos de favor".

Al respecto, Manuel Marrero, de Intersendical Canaria, incidió en que el responsable político del nombramiento de Guillermo García y, por tanto, beneficiario directo, junto a su partido, de las actuaciones de Televisión Canaria, es Paulino Rivero, por tanto es él quien tiene que destituirlo.

Marrero coincidió con varios de los intervinientes en que la Televisión Pública es "el medio de CC, y ahora también del PSOE". "Por eso resulta poco creíble la crítica que ahora hace el PP, pues cuando estuvo en el poder no hizo nada". "Ni PP ni PSOE ni CC tienen fuerza moral para hacer una crítica a la gestión de la Televisión Autonómica, porque han sido corresponsables", sentenció Marrero, quien se quejó de las facilidades que tienen "algunos" en Canarias para entorpecer la justicia, mientras el resto de la ciudadanía tiene que cumplir "al pie de la letra".

También en coincidencia con otros miembros del debate, Marrero consideró que la Fiscalía Anticorrupción "debía estar actuando ya de oficio", pues, de alguna manera, "hay corrupción manifiesta". "No se debe estar esperando a denuncias de nada. Debe actuar directamente la Fiscalía", insistió.

En este punto, Jaime Mujir, de CCOO, hizo hincapié en las "presiones" que han sufrido los funcionarios de la Audiencia de Cuentas a la hora de elaborar el informe definitivo sobre RTVC, un documento que pone de manifiesto una "absoluta falta de transparencia".

Mujir recordó que el sindicato ha denunciado ante Anticorrupción la prórroga del contrato de RTVC con Videoreport Canarias, y dijo "no entender" por qué una televisión como la Autonómica, con los presupuestos que tiene, externaliza los servicios informativos.

"Creo que García se ha ganado la destitución a pulso", indicó Mujir, quien reiteró que el arco parlamentario actual "no tiene autoridad moral" para "rasgarse las vestiduras con este informe". Al respecto, el sindicalista llamó la atención sobre otro aspecto que consideró fundamental: "Lo malo no es que el informe de la Audiencia de 2007-2011 apunte lo que apunta. Lo malo es que, probablemente, el de 2011-2015 agrave la situación".

Por su parte, Samuel Toledano, secretario general de UPCC, consideró que hay argumentos suficientes para "suspender" la gestión de Guillermo García desde varios puntos de vista.

Según Toledano, la gestión de García "no ha sido la más adecuada", pues, entre otras cosas, se ha hecho un grave daño a la industria de la comunicación, favoreciendo a determinadas empresas. Además, ha hecho daño a la imagen de lo público, pues está dando alas a que determinados partidos políticos pongan el énfasis en la gestión privada.

Del mismo modo, consideró que Guillermo García ha sido "cómplice" e "instigador" de las campañas de represión a los trabajadores. "Ha sido un ninguneo constante", denunció. Y a todo ello se une la falta de "pluralidad", con la marca de "directrices claras" a las que García no es ajeno.

A juicio de Toledano, que también considera que García tiene que ser destituido, la salida del director general solo sería "un parche". "RTVC necesita un reseteo, tras el que el ciudadano y el periodista estén en el vértice, y no los intereses políticos y económicos".