La decisión del Gobierno central de retrasar la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha sido explicada por el Ejecutivo como una simple cuestión de plazos para incorporar algunas "observaciones" al texto, y no como una rectificación tras la huelga del pasado jueves, convocada conjuntamente por sindicatos docentes y organizaciones de padres y alumnos.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que la ley se aprobará este mismo mes de mayo y argumentó que no se vio en el Consejo de Ministros de ayer, como estaba previsto, porque falta resolver "algunas observaciones", a pesar de las cuales el texto se mantiene "en sus pilares esenciales y fundamentales".

Santamaría afirmó que quienes atribuyen al éxito de las movilizaciones sociales que la norma no haya sido aprobada aún "no podrán hacerlo mucho tiempo", porque en "próximas semanas" el texto será remitido al Congreso. Según aclaró, se ha debido a que la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios planteó "observaciones" al texto, fundamentalmente relativas a su financiación.

"Hay algunos aspectos en la memoria económica que destacó el Consejo de Estado -en su dictamen sobre el anteproyecto- y que se están fortaleciendo, amén de la posibilidad, en colaboración con el Ministerio de Empleo, como novedad a consecuencia de la aprobación del marco financiero plurianual, de que en alguna de las medidas novedosas que se aplican en algunos ámbitos, especialmente la Formación Profesional, puedan además, utilizarse fondos europeos", señaló la vicepresidenta.

Al margen de estos aspectos, "los pilares" de la ley "se mantienen", ya que, a su juicio, "los elementos fundamentales están diseñados y absolutamente cerrados a nivel de Gobierno", aunque en la tramitación parlamentaria haya disposición de analizar "todas y cada una de las enmiendas".

"Entiendo y respeto la posición de todos y cada uno de los grupos y los manifestantes y los opinantes, pero hay un tema respecto del que no he encontrado ningún argumento que como gobierno me permita decir que esta ley no es necesaria, ningún argumento que justifique mantener un sistema con un fracaso escolar y una tasa de abandono como el que tenemos", enfatizó Sáenz de Santamaría.

En este sentido, incidió en que "cuando esos grupos piden medidas contra el desempleo juvenil y dicen que hay que encontrar soluciones", están dando al Gobierno "un argumento a mayores" para reformar el sistema y lo hará con la Lomce, cuyo anteproyecto "se mantiene en sus pilares esenciales y fundamentales" y que "se va a aprobar este mes en cuanto se superen las observaciones".

Respecto al modo en que la norma abordará la enseñanza en castellano en Cataluña, Sáenz de Santamaría reiteró que el objetivo es consolidar "un sistema que garantice la libertad de educación y la libertad de los padres para elegir" la lengua en que se escolariza a su hijos, garantía que tienen la "obligación" de proporcionar todas las administraciones.

"Lo que va a garantizar el Gobierno es la libertad que establece la Constitución y que ha reconocido el Tribunal Constitucional para que se pueda elegir esa lengua y lo conseguimos con los mecanismos pertinentes que permitan que se logre el objetivo esencial, que es que el ciudadano, el padre, el alumno, reciba la educación en la lengua que ha decidido", aseguró, para añadir que "la obligación" de la "administración educativa a quien corresponde la gestión es la de atender a una obligación primera, que es la libertad de los padres".

Asimismo, recordó que "el castellano es la lengua oficial del Estado por lo que dice la Constitución Española y las comunidades autónomas tienen, en su caso, su lengua cooficial, que regula su Estatuto de autonomía". "Creo que hay que respetar el Estatuto de cada uno en el marco de las competencias que tiene cada uno y las instituciones autonómicas siempre y cuando respeten la Constitución, y en esas estamos", agregó.

Por otra parte, sobre la falta de consenso en torno al anteproyecto que denuncian los sindicatos, padres y alumnos que el jueves fueron a la huelga y a manifestaciones en una treintena de ciudades de todo el país, la vicepresidenta afirmó que la ley "ha sido discutida, hablada, comentada, consensuada y se han hecho alegaciones e informes de un buen número de instituciones", como refleja el informe del Consejo de Estado.

Los manifestantes también exigían -y ayer lo reiteraron- la dimisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, a quien la vicepresidenta agradeció su labor. "Tiene encomendada una de las tareas más importantes de este Gobierno y está dedicado a ella en cuerpo y alma. Lo está haciendo con un análisis muy concienzudo de cómo está el modelo y cómo hay que abordarlo y yo quiero agradecerle esa tarea que está haciendo. No es fácil hacer un cambio de modelo en este momento y hay que hacerlo", señaló Soraya Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta del Gobierno, ayer durante la rueda de prensa en la que informó sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros.

Canarias se alegra y pide diálogo

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez (PSOE), se congratuló ayer de que el Consejo de Ministros no tratase el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), y reclamó mayor diálogo y consenso. Pérez recordó a Efe que Canarias solicitó el jueves al ministro de Educación que escuchara "lo que era un clamor en la comunidad educativa española", pues "no podía ser que una ley de estas características se aprobara con el único acuerdo de un partido político". El también vicepresidente del Ejecutivo regional advirtió, sin embargo, que desconoce si el acuerdo de no tratar hoy la Lomce conlleva la posibilidad de un consenso.

Pérez consideró que no conviene hacer leyes de educación en cada legislatura ni que éstas dependan de las preferencias ideológicas del gobierno de turno, por lo que aconsejó que exista un consenso "real", no solo en el ámbito parlamentario, sino también en el social. Según el consejero, en esta reforma solo ha habido diálogo dentro del PP, por lo que exigió un acuerdo "más sólido", sin importar el tiempo que se precise, y con la participación de todas las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias y los representantes de la comunidad educativa.