El Gobierno aprobó ayer el decreto que mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas –el 93% son mujeres–, dotándolas de derecho a paro y limitando su despido. El Ejecutivo acaba así con una deuda histórica y un trato discriminatorio que ya había sido censurado desde la justicia europea en febrero. Sin embargo, estas mejoras de las condiciones laborales no se aplicarán a todo el sector ya que, según estimaciones de los sindicatos más representativos en Canarias –Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO)–, entre un 30 y un 40% de las empleadas domésticas de las Islas forman parte de la economía sumergida y por lo tanto carecen de derechos laborales reconocidos y cobran en negro sus honorarios. Según datos de agosto de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno canario, hay inscritas en las Islas 9.890 personas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, de las cuales el 93% son mujeres (9.208) y tan solo el 7% son hombres (682). Según el porcentaje ofrecido por los sindicatos, se sospecha que unas 4.200 trabajadoras domésticas quedarán, por tanto, fuera de la protección laboral.
En las cifras nacionales la tendencia en el sector es la misma. Los datos de afiliación, 373.121 personas, solo reflejan la parte visible de esta actividad en España. Pero ese grupo tan solo representa al 68,37% de los 545.700 empleados que en la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE afirman estar ocupados en el trabajo doméstico, lo que supone que casi una de cada tres no está dada de alta. Además, destaca el hecho de que el 44% de las trabajadoras son extranjeras.
El nuevo decreto, que se publica hoy en el BOE, busca equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena. Este nuevo régimen laboral incluye, entre otras cuestiones, el derecho de este sector a cotizar por desempleo y, en consecuencia, a cobrar la prestación y subsidios por paro en el caso de perder su trabajo. Las empleadas adquieren desde este 1 de octubre ese derecho, pero para poder acceder a la prestación contributiva deberán haber estado cotizando por ella durante un año como el resto de asalariados.
También podrán acceder a todas las prestaciones asistenciales disponibles en el ordenamiento jurídico laboral, dándoles, por ejemplo, cobertura del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en caso de insolvencia y la correspondiente cotización por la misma. Además, se incluye expresamente a las trabajadoras del hogar en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Otra de las propuestas del decreto es la limitación del despido ya que con la nueva norma se elimina el desistimiento, que permite al empleador rescindir el contrato sin justificación alguna, y se les da a las profesionales la protección ordinaria en caso de despido. También se incorporan otros derechos como el de información o de formalidad de contratos por escrito y se incluyen medidas para atender la formación. «Con todas estas cuestiones se corrige una discriminación histórica y se camina hacia la dignificación y profesionalización de un sector que siempre ha estado invisibilizado», apuntó ayer la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo en el Gobierno de Canarias, Elena Máñez.
El decreto también plantea medidas de cara a los empleadores. El Gobierno apuesta por una bonificación del 80% a la cotización por desempleo y al Fogasa, de modo que las familias tendrán que sufragar el 20% de este coste. Se establece, además, que los empleadores asumirán las obligaciones en materia de cotización para los trabajadores que presten sus servicios durante menos de 60 horas al mes por empleador. Por lo que si se aplica estas nuevas condiciones, el pago en cotizaciones mensual de una familia que tiene contratado a un trabajador doméstico cinco horas semanales se incrementa en 3,05 euros hasta llegar a los 46,51 euros y el coste de un contrato de 40 horas por semana crece 24,38 euros hasta alcanzar los 372,06 euros mensuales.
Estos precios no tienen en cuenta que el decreto mantiene las bonificaciones vigentes para las familias numerosas y amplía la deducción de hasta el 45% a otros hogares si cumplen determinados requisitos de renta y patrimonio. Desde el Ejecutivo ya han aclarado que los detalles se desarrollarán en un reglamento en los próximos seis meses.
Tanto UGT como CCOO valoran positivamente la aprobación del decreto y esperan que el nuevo marco de medidas anime a las trabajadoras a regularizar su condición y abandonar la economía sumergida. «Estamos seguros de que la norma empujará a muchas trabajadoras a darse de alta para que se les reconozca su trabajo», aclaró ayer el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en las Islas, Marcos Hernández. Y con él coincidió la secretaria de Afiliación e Igualdad de CCOO en Canarias, Yurena Mejías, quien aplaudió la propuesta pero se quejó de la «poca participación de los sindicatos en la toma de la decisión».
Según Mejías, quedan muchas cosas que corregir en el sector. Una de ellas, la inclusión de las trabajadoras del hogar en el régimen general de la Seguridad Social para iniciar la negociación colectiva. «Tenemos que darles un marco de derechos completo», concluyó.
