La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de prorrogar la limitación de los alquileres hasta final de año, una de las medidas estrella del Ejecutivo central tras el batacazo electoral del PSOE en Andalucía, supondrá un ahorro importante para los inquilinos. Tan importante como el perjuicio que les acarreará a los arrendadores. En Canarias, según se desprende de un estudio del portal inmobiliario Idealista, unos 146.700 hogares que viven de alquiler se habrán ahorrado a 31 de diciembre unos 96 millones de euros, la misma suma que les costará la medida a los propietarios de las viviendas. El hecho de que muchos de esos dueños sean pequeños propietarios –hay más de 55.000 en el Archipiélago– ha generado controversia entre partidarios y detractores de la medida. Estos últimos argumentan que con un Índice de Precios de Consumo (IPC) en los dos dígitos, el Gobierno carga sobre los hombros de los arrendadores la solución a un problema, la carestía de los alquileres, en el que tiene mucho que ver la deficiente política de vivienda pública desarrollada desde las instituciones.
En principio, el Ejecutivo estatal limitó al 2% la subida de los alquileres durante tres meses, de abril a junio. Así que el propietario de la vivienda no podía incrementarle el precio al inquilino al que tocara renovarle el contrato en esos meses más de ese 2%. Si el recibo mensual era de 400 euros, no podía subirlo más allá de los 408 euros. Una medida transitoria que, sin embargo, el Gobierno decidió prorrogar al menos hasta fin de año pocos días después de las elecciones andaluzas. Hasta finales del mes pasado, y en cifras nacionales, la polémica medida del Ejecutivo de Sánchez ya les había costado a los arrendadores unos 560 millones de euros, según las estimaciones de los técnicos de Idealista, una de las firmas punteras en el sector inmobiliario. Con la prórroga para lo que queda de 2022, el coste se elevará hasta los 1.720 millones. Un coste para unos que, claro, es beneficio para otros: los arrendatarios.
Hay que tener en cuenta que hasta tres de cada cuatro contratos de alquiler están sometidos al límite del 2%, es decir, en torno a 2,6 millones de los 3,5 suscritos en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De todos esos contratos de arrendamiento, alrededor del 5,6% se firmó en las Islas. Para cuantificar el impacto de la medida, que en el fondo es una intervención del sector público en el libre mercado, hay que obtener la diferencia entre lo que habría supuesto la revalorización de los alquileres en función del IPC –que ya está en el 10,2% a nivel nacional y que es la referencia más utilizada en los contratos– y lo que realmente se han revalorizado y revalorizarán de aquí a final de año con el tope del 2%. El resultado son esos 1.720 millones de euros, de los que 96,3 millones corresponden a las pérdidas de los caseros o los ahorros de los inquilinos en Canarias.
Para el caso de una vivienda tipo de dos dormitorios con contrato firmado en julio del año pasado, el recibo medio mensual del alquiler es de 638 euros en Las Palmas de Gran Canaria y de 587 en Santa Cruz de Tenerife. Con la limitación del 2%, la subida anual se queda en un máximo de 150 euros en la capital grancanaria y en hasta 138 en la tinerfeña. De no haber intervenido el Gobierno, esto es, si los contratos se revalorizaran en función del IPC, el incremento medio en Las Palmas habría sido de 765 euros al año y en Santa Cruz, de 704. En definitiva, la medida del Gabinete de Pedro Sánchez les habrá ahorrado al cabo del año 615 euros a los arrendatarios de la ciudad grancanaria y 566 a los de la urbe tinerfeña. O dicho de otro modo: al acabar 2022 les habrá costado 615 euros a los arrendadores de la isla redonda y 566 a los de la isla del Teide. Los beneficios para unos, cabe insistir, son pérdidas para otros.
En esto último vienen insistiendo desde el sector inmobiliario, donde entienden que, en el fondo, la medida del Ejecutivo no es más que una mera transferencia de renta desde unos ciudadanos, los alquiladores, a otros, los alquilados. Se le alivia así la inflación a una parte y se le agrava a otra. En este sentido, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, calificó de «peligroso» que el sector público regule mercados que, como tal, «deben ser libres». Desde la misma Idealista se ha subrayado que muchos propietarios retirarán sus casas del mercado, reduciendo la oferta de arrendamientos y, por tanto, dando lugar al efecto contrario al perseguido por el Ejecutivo. Incluso, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), tal como avanzó Cinco Días, estudia la posibilidad de presentar una reclamación conjunta para exigirle al Estado esos más de 1.700 millones de euros. De hecho, Asval ya está ejerciendo a modo de canalizador de las demandas individuales de los caseros. En última instancia, las palabras de Garamendi ilustran el malestar existente entre esos propietarios que ni son empresas ni en la mayoría de los casos están en condiciones de soportar medidas que empeoren su situación económica.
«Se piensa en grandes empresas, pero normalmente es gente normal; esto es como eso de yo te invito a cenar pero tú pagas la cena». Los datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) corroboran que, efectivamente, la mayoría es gente normal.
En Canarias hay, según la última estadística oficial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), publicada la semana pasada con las cifras del ejercicio de 2020, un total de 85.543 personas que declaran ingresos por tener alquiladas viviendas de su propiedad a otras personas o familias que las usan como residencia habitual. Pues bien, de todos ellos, la mayoría, exactamente 55.411, se ubica entre las rentas medias-bajas. Es decir, un 65% de los arrendadores –personas físicas– de la Comunidad Autónoma declara en la renta un máximo de 30.000 euros anuales. Es más, hasta un 31% ingresa al cabo del año, como mucho, 12.000 euros. La estadística oficial demuestra así que ni los ricos –con ingresos de más de 60.000 euros al año– ni los muy ricos –más de 150.000– son los principales arrendadores de casas o pisos en el Archipiélago. Apenas hay en las Islas 6.960 contribuyentes que ganan cada año más de 60.000 euros y declaran ingresos por el alquiler.
Sin embargo, el límite impuesto por el Ejecutivo estatal no distingue ni entre grandes tenedores y pequeños caseros –en este último caso basta con que el arrendatario se niegue a una subida mayor del 2% para que de forma automática el máximo sea ese– ni entre rentas altas y rentas medias o bajas. Afecta por igual a quienes los ingresos por el alquiler les resultan imprescindibles para vivir y a quienes les resultan un mero complemento.