España supera en 1,4 puntos porcentuales la inflación media de la UE y en 1,7 la del área monetaria, y es el decimosegundo país de los 27 (tras nueve del Este, Bélgica y Luxemburgo) con mayor carestía del índice general de precios de consumo (IPC) según los datos de febrero, los últimos disponibles para toda el área. En ello influyen diversos factores de estructura económica.
La economía española es muy volátil y espasmódica: crece y crea empleo por encima de la media en las etapas de expansión y se desploma y destruye más ocupación en las de crisis. Por el mismo motivo, supera al promedio en inflación cuando suben los precios en Europa pero también es la más desinflacionaria cuando los precios caen (e incluso cuando la inflación es negativa), como ocurrió en 2012-2017 y 2019-2021.
España se parece mucho a la economía estadounidense en el patrón de consumo: la demanda de los hogares supone el 56,65% del PIB y alcanza al 97,33% si se suma la inversión, lo que la hace proclive a las tensiones inflacionarias. A eso se suma que España es una economía con un tejido empresarial muy atomizado: es el sexto país con mayor peso de las pymes (60,88%) y el segundo de las micropymes (24%). Y estos negocios tienen menor capacidad financiera y por ello mayor urgencia en trasladar los costes a los precios, a diferencia de las grandes empresas, que tienen más posibilidad de absorber la carestía de los insumos sobre sus márgenes durante algún tiempo para no perder cuota de mercado.
A su vez, el país está protagonizando desde 2021 una recuperación mucho más intensa del empleo que del PIB. El empleo no sólo ha superado la cota precovid (2019), sino que, según la encuesta de población activa (EPA) del cuarto trimestre, ha recuperado niveles de 2007, previos a la crisis financiera de 2008, y la afiliación a la Seguridad Social está en niveles récord cuando el PIB aún no ha logrado restablecer lo perdido durante el desplome de 2020 causado por la pandemia. En consecuencia, la economía está perdiendo productividad y esto implica más inflación por tres vías: porque se está recurriendo a más capital humano para generar una misma unidad de PIB, porque el alza del empleo implica más demanda y porque hay una relación directa entre ocupación e IPC, como evidencia la llamada curva de Phillips, aunque esta última conexión está muy amortiguada en España por las aún muy elevadas cifras de parados.
El diseño del IPC también influye. El peso de la energía y los alimentos frescos (los más volátiles) ponderan el 15% en el índice de la Zona Euro pero el 19% (cuatro puntos más) en España.
A su vez, el IPC español está distorsionado porque calcula el impacto de la electricidad sólo con la tarifa regulada (PVPC), que ahora está siendo la más cara por estar indexada al mercado mayorista, aunque sólo la pagan el 40% de los usuarios, y porque no tiene en cuenta los contratos en el mercado libre (ahora, más baratos), al que están abonados el 60% de los consumidores.
España es el único país de Europa que tiene totalmente indexada la tarifa PVPC (desde su creación por el Gobierno de Rajoy) a la enorme volatilidad del mercado mayorista de electricidad, y además España es el país de Europa en el que ese mercado ('pool') es más influyente en los precios: en otros países, más propensos a los contratos bilaterales con las compañías eléctricas, se usa fundamentalmente para ajustes finales de oferta y demanda.
España depende menos que Europa de los suministros energéticos rusos, aunque no tiene esta posición favorable en otros insumos procedentes de Rusia y Ucrania, como cereales y minerales críticos, que son inflacionarios a causa de la guerra. Su menor exposición a la energía rusa le protege de eventuales desabastecimientos pero no de la carestía del gas y el petróleo, lo que se agrava porque España es el sexto país de la UE con más dependencia energética del mercado exterior (67,9%) frente al 57,5% de la UE, lo que le hace muy vulnerable a las crisis energéticas y más si, a la vez, como ocurre ahora, el dólar se aprecia.
