El Gobierno de Canarias se opone a la liberalización de la instalación en el Archipiélago de lasplantas regasificadoras y así se lo ha hecho saber «con firmeza» al Estado. El portavoz del Ejecutivo, Antonio Olivera, indicó tras el Consejo de Gobierno que la modificación introducida en el Real Decreto-ley del Gobierno central, que da vía libre a la introducción del gas en las centrales eléctricas canarias y por la que se exime de autorización previa la construcción de ese tipo de instalaciones, no fue solicitada por la Comunidad Autónoma.
Olivera precisó que Canarias coincide en esa exención «con una condición», y es que el hidrógeno verde que se genere en estas plantas sea para autoconsumo de la infraestructura que lo construya, bien para la producción de electricidad, bien para el abastecimiento de puertos y buques, pero no para que ese gas se pueda acabar comercializando para otras finalidades. También puntualizó que no se trata de regasificadoras «con macroinstalaciones» como las planteadas en el pasado en los puertos de Granadilla y Arinaga.
En el caso de Tenerife, se ha optado por una regasificadora flotante en lugar de una mayor proyectada en tierra. Hace un año, en abril de 2021, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria desestimó y archivó la petición de Enagás de instalar una regasificadora y utilizar 380 metros de línea de atraque en el puerto industrial granadillero. Este expediente, que data del año 2004, no contaba con el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, ni del Gobierno de Canarias, y su declaración de impacto ambiental caducó en octubre de 2020. Ambas son causas fundamentales del rechazo acordado por Puertos. La planta regasificadora es la instalación industrial que convertiría el gas natural licuado, que vendría en los buques suministradores, en gas natural y su construcción estaba prevista en el Puerto de Granadilla.
«El gas es una energía de transición que contamina menos», defiende el líder de los socialistas tinerfeños
En su lugar, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife trabaja desde 2019 en un proyecto de regasificadora flotante para el puerto industrial del sur de la Isla. Esta iniciativa responde al criterio de entonces en la gestión de los gobiernos central y canario para este tipo de iniciativa. En 2017, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluyó que el proyecto de Enagás no era viable, ya que generaría más costes que ingresos. Ese mismo año, el Tribunal Supremo (TS) anuló la autorización dada en 2012 por el Ministerio de Industria porque el proceso de evaluación de impacto ambiental no reunía todos los requisitos.
El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, aplaudió ayer la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de apostar por el gas como «combustible de transición» y de la liberalización de las regasificadoras. Es una postura que no coincide con su colega socialista al frente de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno canario, José Antonio Valbuena. «En Tenerife, estamos produciendo energía con un tipo de central que es de las más contaminantes de Europa, basada solo en fuel. Sin embargo, el gas reduciría un 85% el óxido de nitrógeno, un 30% el dióxido de carbono y un 100% el óxido de azufre, los principales responsables de la contaminación», apuntó Martín.
El presidente del Cabildo cree que hay que apostar por el gas como combustible de transición porque «todavía estamos muy lejos de tener los medios para producir el cien por cien a través de las energías limpias. Según Pedro Martín, esta apuesta tiene una doble ventaja: «Por un lado, permitirá a los puertos isleños entrar en la Red Europea de Transporte al poder surtir de gas a los barcos, que tendrán que utilizar este combustible desde 2025 por mandato de Europa. Y, además, con el gas se reducirá la contaminación y el coste de la generación de energía, más ante una coyuntura como la actual provocada por la guerra en Ucrania». Martín espera que se acelere el proyecto para dotar lo más pronto posible al Puerto de Granadilla de la regasificadora flotante prevista.
El Cabildo de Gran Canaria no comparte la visión del presidente tinerfeño. La Corporación grancanaria rechaza el Real Decreto-ley estatal que da vía libre a la introducción del gas en las centrales eléctricas canarias y se opondrá a cualquier intento de construir regasificadoras, gaseoductos o instalaciones para el gas-ciudad, según anunció ayer el presidente del gobierno grancanario, Antonio Morales. Este acusó al Ejecutivo de Sánchez de «plegarse a los intereses de los lobbies de la energía en contra de los pronunciamientos de las instituciones isleñas.