La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez -que planteó ayer elevarlo desde los 965 hasta los 1.000 euros mensuales- costará a las empresas canarias alrededor de 82 millones de euros más al año. Las dos principales patronales del Archipiélago, la CEOE-Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), han advertido que el tejido económico de las Islas tendrá dificultades para afrontar esta subida, ya que no se trata solo de un incremento de 35 euros al mes por cada uno de los 120.000 trabajadores que, según los sindicatos, cobran actualmente el SMI en el Archipiélago, sino que a esto hay que sumar los costes laborales que deben pagar los empresarios por cada empleado, entre los que se incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social o diferentes tipos de seguros y que elevan en un 40% el importe respecto al salario bruto anual que percibe el asalariado. En total, por cada trabajador se deberá invertir casi 700 euros más al año. Una cifra que para muchas pymes, micropymes y autónomos con varios empleados a su cargo -que constituyen la inmensa mayoría de las empresas de Canarias- puede suponer un duro golpe para su ya delicada situación financiera.
Pedro Alfonso, secretario general de la patronal tinerfeña, explica que una subida de costes en las circunstancias económicas actuales no puede trasladarse a los precios ni tampoco detraerlo de los márgenes empresariales «por lo que la única opción es reducir los costes» a costa de la destrucción del empleo. «Lo que nos debe preocupar es que las empresas sean competitivas y su productividad sea acorde al mercado», insiste, aspectos que el Gobierno central no ha puesto sobre la mesa de negociación.
«Creo que en la situación en la que está el país hablar de incrementar los costes no basados en la productividad es un gran error», recalca José Cristóbal García, vicepresidente de la CCE, para quien esta medida puede dificultar mucho el acceso al mercado laboral «a aquellas personas con un menor nivel de cualificación o a los jóvenes que buscan su primer empleo».
El Gobierno quiere cerrar mañana la negociación y llevarlo el martes al Consejo de Ministros
La negociación para elevar el SMI comenzó ayer con un nuevo encuentro entre el Ministerio de Trabajo, comandado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, patronales y sindicatos. El Gobierno ha planteado subirlo de los actuales 965 a 1.000 euros brutos al mes. Ahora los agentes sociales deberán estudiar la propuesta en sus respectivos órganos directivos, para volver a reunirse mañana y cerrar el dato definitivo de incremento. La intención de Trabajo es llevar la subida al Consejo de Ministros del próximo martes.
Para José Manuel Corrales, profesor doctor del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Europea, la cuestión no es si se debe subir o no el SMI sino cuánto debe hacerlo. «Existe una recomendación de la Carta Social Europea para que alcance el 60% del salario medio del país en 2023, por lo que es lógico que se siga incrementando», sostiene. El objetivo por tanto sería llegar a los 1.050 euros, por lo que aún subiéndolo hasta los 1.000 todavía quedaría pendiente un nuevo incremento para llegar a este objetivo. Para que la subida de este año se mantenga en el carril marcado por la del año anterior -que fue de 15 euros-, debiera dejar el SMI en esa cifra de 996 euros. Lo que implicaría un aumento del 3,2%, una décima por encima de la inflación media con la que cerró España el 2021 y casi la mitad del último IPC de enero (6%). Finalmente Trabajo ha optado por redondear y reforzar políticamente la subida llegando a los cuatro dígitos. Un redondeo que, no obstante, no trasladó ayer a los agentes sociales, pues tanto CCOO y UGT insisten en que la cifra que se les ha trasladado durante la reunión ha sido de 996 euros.
Ahora bien, Corrales señala que no se debe dejar solas a las empresas en este camino. «Se deben buscar fórmulas para que en la medida de lo posible no repercuta en la productividad, con la que España tiene ya un problema serio, y que no introduzca costes salariales que sean insoportables», aclara. Para ello, aboga usar de forma inteligente los fondos europeos. «Me parece importante que se ayude a las empresas a la hora de cualificar su mano de obra y se les ayude para que puedan ofrecer productos y servicios de calidad», señala.
Canarias será una de las comunidades donde la subida del SMI tenga una mayor repercusión, ya que el 8% de los más de 1,5 millones de trabajadores que perciben este salario se encuentran en las Islas, a pesar de que aquí solo residente el 4,6% del total de la población de España. Los sindicatos mayoritarios calculan que el aumento del SMI beneficiará sobre todo a empleados del sector agrario, el comercio y la limpieza.
«Para nosotros este alza es importante para tener la garantía de que se alcanzarán los 1.050 euros en 2023», sostiene Inocencio González Tosco, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Canarias, que rechaza la versión «catastrofista» aportada por las patronales. «Puede que los datos macroeconómicos no acompañen pero España cerró 2021 con una inflación del 5,5% y ha habido una pérdida de poder adquisitivo importante que se agudiza en el caso de quienes cobran el SMI», recalca. Por lo que insiste en que esta «pequeña subida» irá directa al consumo.
Una visión a la que se une Manuel Navarro, secretario general de UGT-Canarias. «Está un poco manida la excusa de que la economía se rompe si los salarios suben», apunta y recuerda que en los últimos años el SMI «ha crecido un 30% y las condiciones laborales han mejorado». Entiende que con la aplicación de la Reforma Laboral «los salarios que están en convenio van a crecer» para amortiguar la subida del IPC y ahora toca también aumentar los de aquellos trabajadores que quedan fuera de convenio «a los que le viene muy bien este alza», ya que son «las personas más vulnerables y con peores condiciones de este país».
Por tanto, ahora queda pendiente definir de cuánto será esta subida. La ministra Yolanda Díaz ya ha dejado claro que se inclina por alcanzar los 1.000, tal y como exigen los sindicatos y en contra de las pretensiones de la patronal, que le pedía no llegar a los cuatro dígitos. "A mi me gustaría tener un salario de 1.000 euros. [...] Ojalá seamos capaces de encontrar puntos de encuentro", declaró tras la reunión la vicepresidenta segunda.
La voluntad de acuerdo a tres bandas la ha manifestado el Gobierno en público, pero la situación se complica ante las reticencias de la patronal. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya manifestó la semana pasada que "lo de los 1.000 euros lo veo complicado" y recordó que este suelo salarial ha aumentado el 35% en los últimos cinco años. Trabajo podría intentar atraer a los empresarios al acuerdo bajando en la próxima reunión de mañana de esa cifra de 1.000 euros, arriesgándose a enojar a los sindicatos. No obstante, la competencia de subir o no (y cuánto) el salario mínimo es exclusiva del Gobierno y la negociación con los agentes sociales es meramente consultiva. Así que la última palabra la tiene el Consejo de Ministros.
Los sindicatos si bien públicamente han urgido al Ejecutivo a llegar a los cuatro dígitos, también quieren acotar temporalmente la negociación y le instan a cerrarlo cuanto antes, aunque ello suponga que los empresarios no estén en la foto. "El miércoles, con acuerdo o sin acuerdo, las negociaciones sobre el salario mínimo quedarán concluidas", afirmó la negociadora de CCOO, Mari Cruz Vicente. La CEOE reúne hoy a su cúpula y podría escenificar su rechazo a la propuesta de los 1.000 euros.
Una de las bazas en la negociación -que será corta y que, según ha afirmado Díaz, no pasará del miércoles- es a partir de cuándo empezará a regir el nuevo SMI. "Será con efecto retroactivo", ha afirmado la vicepresidenta, a priori desde el 1 de enero. "La subida tiene que ser con carácter retroactivo desde el 1 de enero", le ha apretado el negociador de UGT, Mariano Hoya. El miércoles a las cinco de la tarde el Ministerio de Trabajo ha vuelto a citar a los agentes sociales para dar carpetazo a la subida del SMI.
