Las compañías que apliquen precios preescalada del gas en contratos nuevos con la industria no sufrirán el recorte de ingresos por el alza del precio del gas que se vota hoy el Congreso de los Diputados. El Gobierno matizará, así, la principal medida del decreto para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas porque considera que estas compañías no se benefician de la subida de precios, es decir, no tienen beneficios extraordinarios.
Fuentes del Ejecutivo confían en que el polémico decreto se aprobará con los suficientes apoyos, pero avanzan de que se elaborará posteriormente un nuevo paquete normativo (a través de un real decreto ley o mediante otro instrumento) que detalle que la minoración de ingresos de las eléctricas por la subida del gas natural no aplica a quien no ha interiorizado la escalada del gas e incentive nuevos contratos de la luz a precio fijo preescalada.
En concreto, el Gobierno plantea que a aquellos contratos que las eléctricas firmen con los consumidores industriales a precios prerally no se les aplique la minoración de ingresos por la subida del gas. Es decir, un modelo similar al del palo y la zanahoria, en el que si las si las compañías eléctricas firman nuevos contratos que se rijan por los precios actuales (en torno a los 200 euros el megavatio-hora) sufrirán un recorte en sus ingresos, pero si elaboran contratos a precios previos a la escalada (en torno a 40 euros) recibirán el indulto, es decir, no se les aplicará la minoración.
Además, se podrán establecer condiciones para avalar este tipo de contratos si resulta necesario (no de forma generalizada ni automática) en el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (Fergei), dotado de 200 millones de euros anuales en avales públicos para la contratación de energía a medio y largo plazo por parte de la denominada industria electrointensiva.
Después de semanas de rumores y presión de las eléctricas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió ayer la puerta a «aclarar y precisar lo que haga falta del decreto» para evitar «perjudicar a los consumidores eléctricos e industriales», tras una exigencia del portavoz del PNV, Aitor Esteban, de «retocar y reorientar» la norma. El diputado vasco le advirtió incluso de que estaría en juego el futuro del Gobierno, en plena negociación de los Presupuestos, después de que en las últimas semanas grandes consumidores industriales como Sidenor hayan anunciado un parón en su actividad ante la escalada de precios en el suministro.
«Las eléctricas repercuten sus pérdidas a los contratos fijos de clientes industriales y esto provoca que algunas empresas paren su producción y esto nos aboca a nuevos ertes», explicaba el jefe del grupo vasco en sede parlamentaria. «La solución no es tan simplona como recortar los ingresos de las eléctricas. No solo en el plano europeo se debe hacer algo ahora, sino que se debería hacer retocando y reorientando el decreto ley», le dijo Esteban a Sánchez. El peso de la energía en los costes de producción de la industria llega en algunos casos al 60%, según la asociación de grandes consumidores AEGE, por lo que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya había sugerido esta semana, tras el anuncio de Sidenor, que el Gobierno buscaba medidas para fomentar los contratos bilaterales.
No es casual que Ribera cerrase ayer una semana de reuniones con los grandes consumidores industriales, las organizaciones de consumidores y los primeros dirigentes de las grandes compañías eléctricas. Los últimos en pasar por su ‘despacho’ ayer fueron los presidentes de Naturgy e Iberdrola, Francisco Reynés e Ignacio Sánchez-Galán, respectivamente. Y aunque la vicepresidenta quitaba hierro a estos encuentros al explicar que habla con los representantes de las grandes empresas «de forma regular», ambas compañías trasladaron que entre sus peticiones a Ribera figuraba que la minoración prevista por el precio del gas no afectase a los clientes con contratos a precios fijo.
Además de la los contratos fijos, el objetivo de las reuniones, según Ribera, incluía «el modo de evolucionar las medidas» del decreto y conseguir una mayor contribución de las empresas para «dar cobertura» a los más vulnerables.
Bruselas da largas al plan español sobre el gas
La Comisión Europea está dispuesta, tal y como reclama el Gobierno de Pedro Sánchez, a explorar la opción de «compras conjuntas voluntarias» de gas a nivel europeo, como en la crisis del covid-19 con las vacunas, revisar la regulación para mejorar la capacidad de almacenamiento de gas en la UE e incluso estudiar el funcionamiento del mercado de la electricidad. Sin embargo, en lo inmediato, a corto plazo, la única respuesta para frenar la escalada de los precios de la luz pasa por las medidas que ya existen y que los gobiernos pueden adoptar a nivel nacional como una rebaja de impuestos y tasas a los hogares más vulnerables, ayudas selectivas a empresas, aplazamientos temporales en los pagos, facilitar el acceso a renovables en los acuerdos de compra y más vigilancia sobre el mercado energético. Así figura en la comunicación presentada ayer por el Ejecutivo comunitario con vistas al debate que mantendrán los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en el Consejo Europeo del 21 y 22 de octubre, y el 26 de octubre los ministros de Energía en un consejo extraordinario que estará centrado en los precios del gas y la electricidad. El documento, que responde a la campaña de presión lanzada por España, Francia, Italia y otros países para rebajar de forma inmediata la factura de la luz, se limita a enumerar el listado de instrumentos que los Estados miembros pueden utilizar, y que respetan las reglas europeas, para amortiguar el golpe de una subida de precios que, según el diagnóstico de Bruselas, es «global» y «temporal» y que previsiblemente terminará la próxima primavera con una estabilización de los precios del gas.
